Son dos caras de la misma moneda: el Aquarius atracando victorioso en Valencia con 630 personas rescatadas de las aguas del Mediterráneo tras ocho días buscando un puerto para desembarcar hace unos meses. Y el Open Arms, que tantas vidas ha salvado en los últimos años, atracado en Barcelona y con la tripulación lista para zarpar en cualquier momento, pero sin autorización para hacerlo. El Open Arms está retenido desde el pasado 8 de enero. La página web de la organización te recibe con un contador de las personas que se han dejado la vida en el Mediterráneo intentando llegar a Europa desde ese día. A mediodía del 5 de febrero ya iban 324, una cifra que ocupa media pantalla de mi ordenador acompañada de un mensaje claro: “perder tiempo es perder vidas”.
Y el Open Arms es solo el uno de ellos. El vasco Aita Mari, de la organización vasca Salvamento Marítimo Humanitario, está atrapado en Bilbao también desde hace unas semanas. El Aquarius perdió su permiso para navegar y está oxidándose en el puerto de Marsella. El holandés Sea Watch está retenido en Sicilia y el Lifeline, en Malta. Pero esta última organización ya tiene una alternativa: está preparando expediciones con yates y otras embarcaciones de recreo prestadas por sus propietarios adinerados. "Así los estados no nos pueden impedir zarpar", nos cuenta Axel Steier, portavoz de Lifeline. El año pasado empezaron a hacer pruebas y esperan poder empezar las expediciones en mayo. De momento tienen dos asegurados, cinco ofertas y esperan que haya más propietarios con ganas de salvar vidas. Mantienen los nombres de los barcos en secreto para evitar que se los secuestren.
Open Arms también está a punto de sorprendernos con otro barco, pero el tiempo que pasamos sin rescatistas patrullando el Mediterráneo central, esa zona tan mortífera que separa Libia y Malta, no se puede recuperar. Ya va un mes. En 2018, murieron seis personas al día intentando llegar a Europa, un ritmo que se mantiene en lo que va de este 2019, según un conteo de ACNUR que se actualiza cada día.
Estamos ante una de las mayores crisis desde que los barcos de rescate empezaron a funcionar en 2015. Las organizaciones critican que Europa intenta mandar la imagen de que no se acepta a nadie más para evitar que los refugiados inicien el viaje desde sus países de origen. Los discursos xenófobos ganan espacio entre la clase política hay versiones de Vox en todos los países, los bulos sobre migración están a la orden del día como que vienen a cobrar subsidios y las elecciones europeas, a la vuelta de la esquina.
Exactamente a las 17.03 del 5 de febrero, la página de Open Arms ya sumaba 325 muertos. “Nosotros siempre denunciamos que las personas siguen saliendo porque si no se las rescata y no se las apoya, mueren. No van a dejar de venir. Los gobiernos europeos quieren callar esta realidad y crear una cortina de humo para que parezca que todo va bien”, nos explica Riccardo Gatti, uno de los jefes de operaciones del Open Arms, que sigue trabajando cada día por mantener el buque listo para zarpar a la mínima que se levante el veto, aunque esa opción parece lejana. El gobierno prohibió al Open Arms salir del puerto porque alega, entre otros, que no tiene capacidad de navegar durante días con decenas de personas a bordo. Días después, el Aita Mari recibió una carta similar.
A las excusas administrativas de España, se suman las políticas de Italia y Malta, que han cerrado sus puertos para evitar desembarcos masivos. “Nos parece sorprendente que nos apliquen unos supuestos cuando el barco ni siquiera ha zarpado una vez”, reflexiona Iñigo Mijangos, coordinador de la ONG del Aita Mari, que todavía no ha realizado su primera misión. "La Comisión Europea tiene un plan desde 2016, que es evitar que haya una misión humanitaria en el Mediterráneo", nos cuenta. También nos explica que los gobiernos europeos están limitando la actividad de los rescatistas a aguas europeas y que dejan a los militares en zonas más calientes para evitar que las pateras lleguen al norte.
“Es muy frustrante ver cómo se pisotean los derechos. Este bloqueo nos enfada y nos entristece, pero a la vez nos motiva aún más a seguir saliendo. No nos van a parar usando la normativa a su antojo: las normas son muy claras y nuestra actuación se basa en el derecho internacional”, insiste Gatti. El capitán cita una cantidad de legislación que protege su actividad humanitaria, desde el código marítimo, que obliga a rescatar a los náufragos sin preguntar ni quiénes son ni hacia dónde van, hasta la declaración universal de los derechos humanos.
A las 9.28 del 6 de febrero, la cifra marcaba 331. Cuando tú hayas leído este reportaje, seguramente se hayan sumado un puñado más de muertos en el Mediterráneo.