La Ley Trans valenciana, pionera en el momento de su entrada en vigor en el año 2017, fue modificada en el año 2025 por iniciativa del Partido Popular y de Vox. Una decisión que fue rápidamente criticada por el Gobierno central de Pedro Sánchez por, según su interpretación, limitar los derechos de este colectivo tan vulnerable. Es más, el rechazo del Ejecutivo fue tan absoluto que presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Y no, de momento dicho tribunal no ha emitido una sentencia, pero sí ha suspendido cautelarmente varios de los artículos de la reforma. Ahora acaba de reafirmarse en esa decisión.
Lo ha hecho después de que la Generalitat Valenciana y Les Corts de la Comunidad Valenciana solicitaran la cancelación de las suspensiones. ¿El motivo de la negativa? Como cuenta el periodista Carlos E. Molina, “en el auto, el tribunal aclara que todavía no se pronuncia sobre si la norma es o no constitucional, pero sí advierte de que la entrada en vigor de los artículos recurridos podría afectar a derechos fundamentales”. Más concretamente, el Constitucional ha asegurado que podrían comprometer “la autodeterminación de los menores, su capacidad para participar en las decisiones que les afectan y el libre desarrollo de su personalidad”.
¿Pero de qué artículos de la reforma habla exactamente? Uno de ellos es el que posibilita “procesos de acompañamiento a personas trans”. Una medida que el Gobierno de Pedro Sánchez criticó duramente por, según reflejaba el recurso que interpuso ante el Tribunal Constitucional, “abrir la puerta a las llamadas terapias de conversión”. Además, como explica Molina, la reforma “introduce nuevos requisitos de participación de padres, tutores y profesionales en las decisiones que afectan a menores trans y condiciona determinados tratamientos a informes profesionales de salud mental”. Unos cambios que restan autonomía a las personas trans.
Y no solo eso. Además, la reforma propuesta conjuntamente por PP y Vox, muy alineados ya en las políticas LGTBIAQ+ o de inmigración, entre otras, “elimina la obligación de que los centros educativos aborden de forma específica la identidad de género, la diversidad sexual y familiar en sus proyectos educativos”. Un regreso al silencio. Al no hablar de cosas que la comunidad queer lleva dentro. Al miedo infundado de que hablar de homosexualidad o transexualidad provoque que los jóvenes cambien sus orientaciones sexuales o sus identidades de género. A esconder parte de lo que representa a la humanidad. Ojalá fracase siempre.