Unos días atrás conocimos unos datos dramáticos: los precios de la vivienda han aumentado de media en nuestro país un 43% durante el corto periodo que va de 2015 al 2024. Y lo peor es que en algunas grandes capitales de provincia, tipo Málaga o Alicante, la subida ha sido incluso mayor. Unos datos que no dolerían en absoluto si el salario medio en España hubiese aumentado también un 43% o más aún, pero tristemente no es así: dicho incremento del precio de la vivienda representa el doble del incremento del salario en el mismo periodo. Una situación límite que ha llevado al Gobierno de Pedro Sánchez a anunciar una medida extraordinaria: la prórroga automática de los alquileres.
En concreto, y como se refleja en el Real Decreto-ley 8/2026, los inquilinos cuyos contratos venzan entre el 22 de marzo de este mismo año y el 31 de diciembre de 2027 podrán solicitar la extensión de los mismos por dos años adicionales y con las mismas condiciones. Y no, los propietarios no pueden oponerse a dicha solicitud. Es un derecho automático. Por supuesto, algunos agentes sociales que participan del mercado inmobiliario han protestado contra la medida. Es el caso de las inmobiliarias, cuya federación nacional ha declarado públicamente que “las intervenciones excesivamente restrictivas tienden a retraer la oferta disponible”. Lo habitual de que no hay que intervenir.
Pero cada vez queda más claro que sí que hay que hacerlo. Que el libre mercado no está funcionando con el mercado de la vivienda y que comprar o alquilar una casa se está convirtiendo en un pozo de precariedad y sufrimiento para buena parte de la población española. Tanto es así que, pese a que suele haber una división relativamente equilibrada entre los votantes de izquierda, normalmente a favor del intervencionismo estatal, y los votantes de derecha, normalmente contra el intervencionismo estatal, en esta cuestión parecen remar en una misma dirección: una nueva encuesta de Atenea del Dato revela que el 73,6% de los españoles apoya la prórroga de los alquileres. Una sorpresa.
Y es que la encuesta también pormenoriza el apoyo entre votantes de diferentes partidos y los de PP y Vox, pese a estar lejos de los porcentajes de apoyo de Sumar (91%) y PSOE (81%), apoyan la medida con un 65% y 60% respectivamente. De hecho, la misma encuesta refleja que el 36% de los votantes de Vox y el 32% de los votantes del PP se replantearía el voto si ese partido rechaza la aprobación de la medida en el Congreso de lso Diputados el próximo 28 de abril. Esto es síntoma de algo clave que los políticos de uno y otro lado deben entender: la crisis de la vivienda es una crisis social tan grave que traspasa ideologías. Más y más gente la padece y esperan soluciones de cualquier tipo.