El PAI de Benimaclet lleva casi tres décadas de tramitación administrativa. Un proyecto de construcción de vivienda en suelo público que parecía maldito e incapaz de salir adelante. Y ojalá hubiera sido así: PP y Vox lo han aprobado en pleno extraordinario con unas características que han generado tanto el rechazo de toda la oposición como la queja de parte del vecindario. Sí, tras la aprobación del PAI, cuenta el periodista Claudio Moreno, “decenas de personas convocadas por la plataforma Cuidem Benimaclet y CSO l’Horta se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento de Valencia para reclamar su paralización y exigir que los terrenos de Metrovacesa se destinen a usos libres y sociales”.
¿Pero a qué viene el descontento? Hay varias voces que lo explican. La más nítida es la de la periodista Olga Pradells, que ha reaccionado a la noticia asegurando que se “es una aberración. 1.300 viviendas a medio millón de euros. ¿Quién creéis que se las va a comprar? La alcaldesa Catalá ha optado por el urbanismo salvaje que solo busca enriquecer a las constructoras y ofrecer viviendas a gente con dinero”. Se refiere a Metrovacesa, una constructora que, según Pradells, recibirá “130 millones de euros de plusvalía en suelo público”. Papi Robles, portavoz de Compromís, ha lamentado que “es muy cruel decir que si una constructora gana dinero el resto de la ciudad tendrá vivienda. Es mentira”.
Pradells, además, hace hincapié en el otro drama del proyecto más allá del enriquecimiento de una empresa privada, que es la erosión del vecindario: “Destruirán la huerta productiva, alquerías, acequias, caminos y espacios verdes naturales” y crearán “más suelo impermeable cuando tenemos lluvias torrenciales cada vez más frecuentes. Más asfalto es una condena de muerte. Son dos modelos y hay que elegir: entre una vida comunitaria, un barrio con tejido social, conexión y raíces con la huerta, y un modelo de especulación salvaje. Construir sí, pero pelotazos no”. Una lectura con la que parecen coincidir todos los partidos de la oposición y las asociaciones vecinales de Benimaclet.
El portavoz socialista en la ciudad, Borja Sanjuan, por ejemplo, ha denunciado que el precio de una vivienda nueva de tres habitaciones en este PAI pueda alcanzar los 600.000 euros cuando el salario medio de Valencia ronda los 1.500 euros. O dicho de otra manera: ninguna de estas casas irá a parar a la clase trabajadora del barrio. Además, Sanjuan ha protestado también por el hecho de que se haya priorizado el uso del suelo para crear piscinas comunitarias en lugar de otras 1.000 viviendas públicas. Efectivamente, parece un proyecto creado para que gente con alto poder adquisitivo y la constructora salgan ganando, a costa claro está del derecho a una vivienda asequible del resto.