Te levantas temprano para irte a la playa. Lo preparas todo: la neverita azul, las toallas, el bañador y la sombrilla. Intentas llegar a una hora bastante razonable, pero aunque sean las 9 de la mañana casi no hay sitio para tumbarte. Todas las sombrillas y toallas de la gente se apelotonan en los mismos círculos pequeños.
Al final, acabas encajando tu toalla entre el pareo donde una pareja de jubilados está sentada con sus sillas desplegables y los pies de un gym bro que ya se está poniendo aceite bronceador. En cambio, a tu izquierda y a tu derecha, hay hileras de hamacas y sombrillas clavadas en la arena sin nadie debajo. Pertenecen al hotel o al chiringuito de turno y si te roza la sombra de alguna de ellas, te vendrá el encargado de turno a reclamarte los 15 euros que cuesta usarla. Cuando tú realmente no quieres usarla.
Sin que te hayas dado cuenta, media playa, a pesar de ser pública, lo ha dejado de ser. Pues ya no hay casi espacio para los bañistas que simplemente quieren ir a pasar un día en la playa sin gastarse una fortuna. De manera indirecta, los hoteles y los chiringuitos se han acabado apropiando con gran parte de la playa.
Esta es una escena que en algunos sitios de nuestro país ya es muy habitual verla, como es el caso de las playas de Mallorca y Menorca. Allí, poco a poco, los chiringuitos construidos sobre la arena han ganado terreno y han ido quitando espacio público a la ciudadanía. Este modelo, que también se ha vivido en la costa italiana, también lo podemos encontrar en grandes ciudades como Barcelona.
En la playa de la Barceloneta y la Mar Bella cada vez es más difícil encontrar un sitio donde poner tu toalla. Se trata de una situación que ejemplifica una vez más como el turismo expulsa silenciosamente a la población local. A la población local, o bien a la que no tiene dinero (ni ganas) para pagar 15 euros por pasar un día en la playa. Porque, de facto, acabas pagano el derecho de tener un sitio en una playa pública, más que tener una sombra y una hamaca en la que tumbarte.
Se trata de una privatización silenciosa que, igual que infla el precio del alquiler porque todo son pisos turísticos, también impide disfrutar de uno de los pocos espacios públicos de ocio no destinados al consumo como es la playa.