Lo de la vivienda en España es una calamidad. ¿Intentas comprarte una? Te topas con la necesidad de solicitar una hipoteca monstruosa para la que no tienes ingresos suficientes. ¿Optas por vivir de alquiler? Sufres las consecuencias de un mercado con una oferta muy limitada y una demanda escandalosa. Los precios son de risa. Especialmente para lxs jóvenes que, en los albores de sus carreras profesionales, con salarios aún muy por debajo de la media, se ven obligados a invertir una cantidad enorme de los mismos para pagar una mísera habitación o un piso ridículo que roza lo inhumano. Claramente el gobierno debe actuar. Y lo ha hecho: su medida es pedir solidaridad a lxs propietarixs.
Como cuentan desde Xataka, “durante una entrevista en el programa La Ventana, de la cadena SER, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, apeló a los caseros para pedirles que se replanteen los alquileres que cobran a sus inquilinos”. O dicho de otra forma: en lugar de poner en marcha medidas que fuercen a lxs propietarixs a ajustar sus precios a las rentas medias de la gente, aboga por tratar de ablandarles con el discurso del civismo y la prosocialidad para conseguirlo. Como si todas esas personas no supieran ya de sobra que las cifras de los alquileres que aplican son desorbitadas y están generando una problemática social verdaderamente grave. Como si se acabaran de enterar.
¿Es una propuesta realista?
Pero la cuestión parece ser más de necesidad que de deseo. Al parecer, la clave del asunto está en “los límites con los que se ha encontrado el sistema de tope de precios diseñado por el Gobierno, cuya implantación depende en gran medida de las comunidades autónomas”. Es decir, que tienen las manos atadas y nos les queda otra que recurrir a la súplica. En palabras de la propia ministra, “yo lo que les pido es que se hagan cargo también de esta causa, de esta necesidad social, y que valoremos las rentabilidades en términos sociales, que valoremos que esos precios estén de acuerdo con las capacidades de los españoles. Creo que España es un país solidario”.
Y en términos éticos no es una mala propuesta. Al fin y al cabo, es evidente que los arrendadores, en su mayoría pequeños propietarios y no grandes tenedores ni fondos buitres, se enfrentan a un dilema: mirar solo por sus bolsillos, entregadxs al individualismo, o buscar equilibrio entre interés propio e interés general. Y sería genial que eligieran esto último. Lo que ocurre es que no es realista: no puedes diseñar una sociedad tan sálvesequienpueda y esperar luego que la gente aparque sus intereses en pos del prójimo. Es demasiado ingenuo. La realidad es que, de una manera u otra, el tope de precios obligatorio debe darse en todo el país. Es la única solución.