El primero de octubre del año 2017, el Gobierno de Cataluña presidido por Carles Puidgemont convocó un referéndum de autodeterminación previamente declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Rápidamente, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña solicitó a la Guardia Civil, Mossos d’Escuadra, Policía Nacional y policías locales que incautaron todo el material relativo al referéndum. El día de la votación se produjeron múltiples cargas policiales y varios ciudadanos terminaron heridos, dos de ellos con carácter grave. Ahora, nueve años después, comienza el juicio contra los agentes que efectuaron aquellas cargas. Pero la actual Fiscalía está pidiendo su total absolución.
Más concretamente, y como explica el periodista especializado en información de Cataluña Oriol Solé, “el juicio arranca de forma favorable para los intereses de los procesados: la Fiscalía no acusa a los agentes al considerar que su actuación estuvo amparada por su deber de cumplir con la orden judicial de requisar urnas y papeletas”. La misma postura que han mantenido los anteriores fiscales respecto a este asunto a lo largo de estos nueve años. No obstante, la del juez podría ser diferente si entiende que la contundencia fue desproporcionado o que el disparo de bolas de goma, un arma prohibida por el Parlament para los Mossos desde 2013, estuvo fuera de lugar. Toca esperar.
Lo que está claro es que no todo el mundo está de acuerdo con la interpretación de la Fiscalía. Roger Español, el votante del referéndum que perdió un ojo a causa de una de esas bolas de goma, es el principal ejemplo de ello. Según la opinión de su abogado, los cuatro agentes sentados ahora en el banquillo de los acusados “eran perfectamente conocedores de que no existía una situación de peligro” y que la cercanía de los manifestantes “hacía altamente probable que las balas de caucho produjeran lesiones de gravedad”. A ello hay que sumarle, apunta Solé, el grave hecho de que el agente que le disparó lo hizo por partida doble. Por eso la defensa reclama 13 años de cárcel para los acusados.
Dicho esto, y más allá de que estaremos atentos al devenir del juicio, hay que recordar que no fueron cuatro agentes los que cargaron aquel 1 de octubre. Fueron cientos. La cosa es que la amnistía del Gobierno ha salvado de ir a la Justicia a 129 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, entre otros. En palabras de Español, “la ley de Amnistía en el Estado Español ha sido más sinónimo de impunidad que de justicia y reparación”. Los cuatro acusados no pudieron beneficiarse de la norma por haber provocado la pérdida de un órgano, una situación excluida de la misma.