El retroceso de derechos de la comunidad LGTBIAQ+ es una realidad. Tristísima, pero realidad. Y es que son muchos los gobiernos nacionales y regionales que están implementando políticas que discriminan y perjudican a las personas trans en todo el mundo. Con Estados Unidos a la cabeza. En estos momentos, aproximadamente la mitad de los estados que componen el país cuenta con leyes trans excluyentes de algún tipo. Una lista a la que acaba de sumarse el territorio no incorporado de Puerto Rico: su gobernadora, Jennifer González, ha firmado un proyecto de ley que prohíbe la terapia hormonal y la cirugía de afirmación de género a la juventud trans.
En concreto, la nueva ley de González impide el acceso a estos recursos sanitarios a cualquier persona que tenga menos de 21 años. Y la excusa es la de siempre: “Los menores de edad, al no haber alcanzado aún la madurez emocional, física y cognitiva necesaria, son particularmente vulnerables a tomar decisiones que pueden tener consecuencias irreversibles. Por lo tanto, es deber del Estado garantizar su bienestar integral”, recoge el proyecto de ley, que además establece un castigo de 15 años de prisión, multa de 50.000 dólares y revocación de todas las licencias médicas a cualquier personal médico que la infrinja. Están asfixiando a la comunidad trans.
Y lo están haciendo por un conservadurismo rancio que en absoluto piensa en estas personas tan vulnerables. No, ni a la gobernadora ni a la mayoría de sus votantes le preocupa el sufrimiento de la gente trans. No las escuchan ni le hacen mucho caso a los estudios que desmienten sus supuestas preocupaciones. Porque, como ya contamos aquí, la tasa de arrepentimiento de las transiciones es bajísima y en la mayoría de casos está relacionada con el trato discriminatorio que sufren una vez transicionado y no por un cambio en su identidad. Pero esto les da igual. Solo quieren un mundo sin diversidad en el que la gente sea como ellxs quieren.
Lógicamente, la comunidad progresista se ha manifestado muy en contra de la nueva ley. En palabras de la Federación LGBTQ+ De Puerto Rico, “que no quepa duda: acudiremos a los tribunales para impugnar la constitucionalidad de la cruel e inhumana promulgación por parte de la gobernadora de una ley que criminaliza a los profesionales de la salud por atender a menores trans”. GLAAD, por su parte, ha criticado que las prohibiciones contempladas en el proyecto de ley “crearán cargas insoportables para los más marginados en Puerto Rico”. Esto no es casualidad. Esto es un movimiento reaccionario global contra el que solo queda luchar.