La mala noticia ha estado sobre la mesa: para sorpresa de nadie, parece que el gobierno de la Comunidad de Madrid, el de Isabel Díaz Ayuso, sí que tiene un problema con la comunidad LGTBIQ+, porque hace poco formuló una ley mediante la cual limitaba la capacidad de las asociaciones LGTBIQ+ para participar en procesos penales y administrativos sancionadores. O dicho de otra manera: les imposibilitaba presentarse en los juicios como acusación popular para defender a la gente de los posibles delitos de odio. Una canallada. Ahora, el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia en la que elimina esta limitación.
¿Por ser lamentable desde el punto de vista ético? No exactamente. La cosa es que el gobierno central de Pedro Sánchez advirtió que algunos de los artículos de esa nueva Ley LGTBIQ+ de Ayuso sobrepasaban las competencias autonómicas y se metían de lleno en competencias que son exclusivas del Estado. Un movimiento de Ayuso que podríamos resumir en plan no me gusta cómo el Estado lidia con los colectivos LGTBIQ+ y voy a autotorgarme el derecho de cambiarlo en mi comunidad aunque no pueda en verdad. Y, claro, el equipo de Sánchez llevó la ley al Tribunal Constitucional y este le ha dado la razón. Ayuso se había extralimitado.
Y no con cualquier tema precisamente. Imagínate que alguien, una persona o una institución, te discrimina o te agrede de alguna manera por tu orientación sexual o por tu identidad de género y no tienes a nadie cerca que pueda ayudarte. Es muy probable que lo dejes pasar. Que no quieras líos y los agresores se salgan con la suya. Así, lo que Ayuso sacaba de toda esta ley es que hubiera mucha más impunidad para los delitos de odio porque sin las asociaciones LGTBIQ+ dando la cara por las víctimas muchos quedarían en nada. Como ha recogido la sentencia, “esta limitación es un obstáculo para la defensa efectiva de los derechos de las víctimas”.
Esa es la realidad. Lógicamente, el gobierno de Ayuso no lo dijo así, sino que justificó la medida alegando que con ella lo que buscaba era impedir excesos que condujeran a la ingeniería social. Toma ya. Y tan pancha. Pero, y de nuevo, para sorpresa de nadie, el gobierno de Ayuso del PP tuvo como aliado en todo esto a Vox. Para que luego digan que no son lo que son y que no tienen ningún problema con la diversidad sexual y de género. En cualquier caso, es reconfortante ver que la Justicia funciona, aunque merece la pena decir que un magistrado, el conservador José María Macías, votó en contra de derogar esta limitación de Ayuso.