Una de las promesas electorales de Podemos en materia de igualdad era la Ley Trans, ansiada por la gran mayoría de colectivos LGTBI, porque prometía garantías y reclamaciones históricas del activismo. Irene Montero, ministra de Igualdad, acaba de presentar el borrador de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans, primer proyecto de ley para cumplir estas promesas electorales y, en pleno boom del movimiento TERF feministas transexcluyentes y de aumento social de la transfobia, no ha quedado libre de polémica.
Para empezar, ¿qué incluye la ley? Principalmente, la “libre autodeterminación de género, que supone que cualquier persona puede cambiar su nombre y sexo en el registro civil solo con una declaración expresa, a partir de los 16 años”, explica El País. De la misma forma, a esa edad podrán tomar decisiones sobre su tratamiento hormonal. Además, se reconocerán las realidades no-binarias y “la posibilidad de eliminar la mención al sexo en los documentos oficiales de estas” algo que ya se hace en algunos países, como India, que reconoce terceros géneros en sus estadísticas demográficas. Otros derechos que garantiza la ley: que las personas trans con capacidad de gestar puedan acceder a tratamientos reproductivos y que se garantice su acceso al trabajo en todas las autonomías.
Hay más puntos en la ley, garantizando explícitamente derechos que hasta ahora no estaban reconocidos por el gobierno aunque pudieran tenerlos de facto. Pero también, por supuesto, incluye obligaciones. Por ejemplo, una reclamación TERF: que las personas trans que cometieron violencia de género antes de su proceso de transición puedan ser juzgadas, aunque ahora hayan “cambiado” su género a ojos de la justicia.
Y sí, la ley ha tenido oposición, incluso dentro del propio gobierno, especialmente por el sector transexcluyente del PSOE, liderado por Carmen Calvo, vicepresidenta, que asegura que este borrador podría conllevar un “borrado de las mujeres” con nociones “problemáticas” y “jurídicamente inseguros” que modifican lo que se entiende por sexo, género o igualdad. Aun así, no se han pronunciado de forma concreta de cómo se borrarían personas con la nueva ley, mientras que la veintena de colectivos LGTBI y trans que han participado en la ley de Montero aseguran que es un borrador muy completo y que se garantizan nuevos derechos trans sin borrar normativas existentes, como la Ley de violencia de género.
Más allá del conflicto entre el feminismo transincluyente y excluyente, hay más sectores que han demostrado su preocupación sobre el borrador sin entrar en cuestiones de teoría feminista. Entre muchos otros, está el Consejo Superior de Deportes CSD, que aunque no valora si la ley será positiva o negativa para el colectivo no son sus competencias, sí que ha demostrado preocupación con el encaje de la ley nacional en las medidas nacionales. “Que la decisión de que las personas trans de hombre a mujer o de mujer a hombre de más de 16 años participen “atendiendo a su sexo registral” choca con la normativa de todas las federaciones internacionales que se amparan en las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional COI, que exigen una serie de condiciones a los hombres que hagan la transición a mujeres”, añade El País.
Es decir, el eterno debate de sobre el deporte planteado de forma binaria y el encaje que tienen las personas trans. Una cuestión que el Ministerio quiere resolver apelando a la igualdad efectiva, pero que el CSD ve de difícil implementación fuera de nuestras fronteras. Aun así, advierten que, como solo es un borrador, hay margen de maniobra, y que no se posicionarán hasta que la ley empiece a arrancar, algo que previsiblemente no será pronto, teniendo en cuenta los debates opuestos en el propio Gobierno y la lentitud para aprobar las anteriores propuestas legales a favor de los colectivos LGTBI.