Hasta 3,2 millones de mujeres españolas ha sufrido la violencia sexual en sus carnes, según la macroencuesta sobre Violencia contra las Mujeres en España de 2015. Una cifra espeluznante que, no obstante, parece no estar motivando una respuesta institucional a la altura. Como recoge el informe Ya es hora de que me creas presentado este jueves por Violencia contra las Mujeres en España de 2015, la inmensa mayoría de mujeres víctimas de esta violencia que la denunciaron responden con un “no lo volvería a hacer” cuando les preguntan al respecto. El precio: un proceso judicial traumático. La recompensa: verse desprotegidas y cuestionadas.
Como denuncia Virginia Álvarez, responsable de investigación y política interior de Amnistía Internacional España, “no puede ser que sean las mujeres las juzgadas durante todo el proceso”. La culpa, obviamente, la tiene la falta de educación en materia de violencia de género de los profesionales que atienden a las víctimas. “Las preguntas eran muy repetitivas, y hacía como caras, me hacía sentir incómoda, porque yo veía en su cara que no me creía”, cuenta una de las víctimas a la ONG acerca de un interrogatorio en una comisaría. En otras palabras: el sistema cuestiona a las víctimas en lugar de apoyarlas incondicionalmente.
Además, este mismo sistema carece de políticas públicas adecuadas que permitan a las víctimas conocer con claridad el protocolo de actuación. “La mayoría de las mujeres no sabe cómo actuar tras haber sido violada, acosada en el trabajo o abusada desde la infancia. La falta de campañas informativas de atención o protección para combatir la violencia sexual deja a las mujeres sin saber qué hacer en momentos especialmente traumáticos, y las enfrenta a descubrir por sus propios medios procedimientos diferentes según la comunidad autónoma en la que vivan”, señala en el informe Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
En efecto, mientras en Andalucía las víctimas de violencia sexual pueden ser atendidas en cualquier centro médico incluso antes de presentar la denuncia, en otras comunidades como la de Madrid es necesario que denuncien primero. Esto provoca que mujeres en situación de especial vulnerabilidad como inmigrantes en situación irregular no reciban atención médica dado que no presentan denuncias por miedo a ser expulsadas del país. Pero a pesar de las diferencias, todas las comunidades tienen algo en común según la oenegé: las 17 carecen de “centros de crisis” con personal con “verdadera especialización” disponibles 24 horas.
El resultado de todas estas deficiencias es desolador: España ocupa el puesto 25 de 32 de países de la Unión Europea en el número de denuncias presentadas. Las víctimas no sienten que merezca la pena. Y eso tiene que acabar: “Es necesario que esto cambie. Estamos viviendo un momento histórico en el que millones de mujeres han salido a la calle para decir que no consienten que las víctimas sean las únicas cuestionadas tras una violación, y que el Estado tome medidas para protegerlas”. El próximo domingo 25 se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es hora de despertar de la pesadilla.