Por fin ha pasado. Después de 15 meses de debates, el Consejo de Ministros aprobó el martes un anteproyecto ley capaz de marcar un antes y un después en la protección de los derechos de las mujeres: el de la ley ‘solo sí es sí’, que se centra en el consentimiento como ninguna otra medida ha hecho antes en nuestro país. Además, este avance ocurre en una fecha muy señalada: la víspera del quinto aniversario de la terrible violación grupal de La Manada en Sanfermines. Aunque este proyecto aún no es una realidad. Para que salga adelante, deberá pasar en septiembre por tramitación parlamentaria y luego ser del todo aprobado, que todo apunta que será a finales de 2022. Pero bueno, sea cuando sea, está bien conocer las claves de este importante cambio.
Primero de todo, hablemos de ese concepto que tanto ha sonado en el imaginario feminista en los últimos años: el consentimiento. Actualmente, una víctima debe acreditar que el ataque ha sido con fuerza o intimidación para que nuestra legislación lo considere una agresión sexual violación, de lo contrario lo tratará como un abuso sexual delito cuya pena es menos dura. Y eso puede provocar que se echen responsabilidades sobre la persona agredida, como ya ocurrió con La Manada, caso en el que se acusó a la víctima de no resistirse cuando la habían acorralado cinco hombres ¿recuerdas la consigna “Hermana, yo sí te creo?.
Pero ahora este proyecto, que por algo se llama ‘ley solo sí es sí’, deja fuera parte de las ambigüedades. Como indica su texto: "solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona". Vaya, que hemos cambiado el “no es no” por algo un poco más claro ante una agresión que vulnere la integridad mental y física de una persona: “sí es sí”.
Esta modificación en el modo de entender el consentimiento dejará al delito abuso sexual fuera del Código Penal. Solo existirá el de agresión sexual violación y tendrá un sistema de penas que irá por orquillas. Eso no quiere decir que los castigos sean mucho más severos, la verdad es que quedan más o menos igual: pueden ir de una multa a 15 años de prisión. Pero sí que en cada situación habrá ciertos agravantes que podrán incrementar las penas. Por ejemplo, cuando haya penetración, cuando la agresión sea grupal o cuando se usen sustancias de sumisión. Pues eso, que una agresión sexual con, por ejemplo, burundanga no podrá desencadenar, como hace ahora, una interpretación algo incoherente: como la víctima no se resiste no puede, no hay violencia y, por tanto, es un abuso y no una violación.
Y aún hay más, este anteproyecto ley empezará a controlar algo que puede ser desde muy molesto a suscitar mucho miedo: el acoso callejero, que según el texto del proyecto ocurre cuando "otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad". Un infame comportamiento que se convertirá, por primera vez en la historia, en un delito castigado con trabajos para la comunidad o con medidas de localización.
Dicho esto, como han señalado fuentes del Ministerio de Justicia, el objetivo de este futuro cambio legislativo “no es reformar las penas, sino avanzar en el consentimiento y acabar con una interpretación rígida de las penas". O, lo que es lo mismo, hacer el día a día más fácil a todas esas mujeres que quieren volver solas a casa, quieren tener una aventura de una noche o, simplemente, quieren vivir con algo más de paz.