Si gritas, te castigo. Sí, te lo decían tus padres cuando ibas al restaurante y no querían que la liaras. No querían, en el lenguaje del gobierno que "rompieras el orden establecido". Como los manifestantes, que desafían un sistema político que se les queda pequeño y por eso, precisamente, quieren cambios. Exigen más libertades y por eso generan "desorden público". Ha sido, históricamente, el motor del cambio social. Ellos, sin embargo, nos quieren calladitos.
El gobierno en funciones de Pedro Sánchez se acaba de colgar una medalla con su "decretazo digital", que permite a las autoridades cortarnos Internet las comunicaciones en general si hay mucho lío en las calles. Hasta ahora, el gobierno se reservaba el derecho de cerrar páginas web si sospechaba que cometían ciertos delitos como la violación de la propiedad intelectual y siempre con una orden judicial. Aunque organismos internacionales como Amnistía Internacional ya tiene a España en el punto de mira desde hace años, ahora, "el Gobierno podrá cortar redes y comunicaciones y, por tanto, internet en una zona concreta del territorio español sin orden judicial previa, solo alegando una alteración del "orden publico", España en el punto de mira desde hace años.
Vamos, que manifestaciones como la toma del aeropuerto de Barcelona por el Tsunami Democràtic tras la condena de los líderes del procés podría dar pie a cortar Internet en todo el territorio. La jugada —apoyada por PSOE, PP y Ciudadanos, rechazada por partidos independentistas y Vox y con la abstención de Podemos— es perfecta: cortarán a los manifestantes su forma de comunicarse y, de rebote, aumentas el rechazo del resto de la sociedad hacia esas protestas porque, claro, no funciona Internet. El Confidencial ha hablado con expertos que aseguran que el decreto es, cuanto menos, inconstitucional.
La excusa, la paranoia: "la hiperconectividad nos hace más vulnerables ante los ciberataques contra infraestructuras críticas, el espionaje y otras ciberamenazas", dijo la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, al anunciar la medida que, aseguró, era de "extraordinaria y urgente necesidad", justamente por el conflicto en Cataluña. Pero en un intento de aplacar la supuesta amenaza independentista digital, el gobierno tendrá una herramienta para callarnos a todos el PSOE dice que no afectará a redes como Facebook o telegram, pero los expertos no las tienen todas con ellos. Eso, asegura El Confidencial, sí nos acerca a un sistema de control más similar al Chino que a la democracia constitucional con la que todos los partidos que han aprobado este decreto se llenan la boca.
"Es un planteamiento abiertamente inconstitucional", explica a El Confidencial Enric Luján, miembro fundador de Críptica.org y profesor de la Universidad de Barcelona, "se está aprovechando la excusa de Cataluña para colarnos algo que en realidad afecta a las libertades y derechos fundamentales de todos los españoles. Vulnera el derecho al acceso a la información e incluso otros como el derecho a la huelga. Cualquier protesta que incomode al gobierno puede ser reprimida por esta vía".
La clave aquí es que el "orden público", como decíamos al principio, es un concepto muy vasto, impreciso y paternalista que abre la puerta a callar protestas de todo tipo: estudiantiles, antideshucios, feministas, rurales... ya no se trata solo de la censura a la que nos someten las plataformas privadas, sino que se suma el gobierno y sin necesidad de orden judicial. Vayamos aprendiendo a comunicarnos por señales de humo y palomas mensajeras. Muy pronto lo necesitaremos.