Amnistía Internacional critica en un informe "el ataque sostenido a la libertad de expresión" en España

"En España se está atacando la libertad de expresión", denuncia Amnistía Internacional (AI) en el informe Tuitea… si te atreves: cómo las leyes antiterroristas restringen la libertad de expresión en España. La ONG lo ha elaborado después de que en nuestro país se hayan producido decenas de condenas y de que, en estos momentos, haya procesos judiciales abiertos por supuesto "enaltecimiento del terrorismo" en la redes sociales. El modo de recordarnos a todos que, lamentablemente, la libertad de expresión podría estar en peligro dentro de nuestras fronteras.

Los últimos casos que reflejan una situación que no presagia nada bueno son las condenas de cárcel de los raperos Valtònyc y Pablo Hasel, el secuestro del libro de Nacho Carretero, Fariña, la retirada de la obra de arte Presos políticos en la España contemporánea, de Santiago Sierra, y el proceso judicial que casi lleva a prisión a la tuitera Cassandra Vera por hacer chistes sobre el asesinato de uno de los hombres de confianza de Franco, Luis Carrero Blanco. Unas acusaciones que, como dice AI, se basan en el incumplimiento de una "ley draconiana que prohíbe 'el enaltecimiento al terrorismo' o 'humillar a las víctimas del terrorismo'". Y lo más terrible es que esta realidad ha pasado a ser demasiado recurrente en los últimos años: 70 personas fueron condenadas en 2016 y 2017.

Estas cifras demuestran que nunca habíamos tenido que andarnos con tanto cuidado con lo que publicamos en la red.  "Enviar raperos a la cárcel por letras de canciones y prohibir la sátira política demuestra cuán estrechos se han vuelto los límites de la libertad de expresión online en España", indica Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, que también recuerda que esta tendencia no está haciendo más que sembrar el miedo entre la población. En su opinión, estos casos han tenido "un efecto profundamente escalofriante, ya que crea un ambiente en el que las personas temen cada vez más expresar puntos de vista alternativos o hacer bromas controvertidas".

Para hacer este informe, AI ha entrevistado a varias personas vinculadas a los últimos casos. Uno de ellos es Arkaitz Terrón, un abogado vasco de 31 años, que fue detenido en 2014 junto a aproximadamente otros 70 sospechosos más por mensajes en las redes sociales. Se la conoció como las Operaciones Araña y, a pesar de que finalmente Arkaitz fue absuelto, de algún modo fue el comienzo de una era en la que no todas las opiniones serían bien recibidas: "En mi caso, no consiguieron nada. Pero su objetivo no son las 60 personas procesadas tras las Operaciones Araña. Lo que buscan es que la gente se lo piense dos veces antes de expresar su opinión en la red, sobre todo las personas más críticas", denuncia el letrado.

Los delitos que han señalado a los acusados se recogen en el artículo 578 del Código Penal, que puede imponer a los imputados multas, prohibiciones de trabajos en el sector público e incluso sentencias de prisión. Sin embargo, AI considera que es "vago" en sus términos, por lo que una de sus principales reclamaciones al Gobierno de España es la derogación de dicho artículo para que España vuelva a asemejarse a lo que era antes de que llegara la última oleada de censura