José Ángel Prenda, considerado líder de La Manada, carecía de empleo cuando cometió el delito de abuso sexual continuado en los Sanfermines de 2016 por el que fue condenado a nueve años de prisión. Su situación no ha cambiado desde que la Audiencia de Navarra le concediese la libertad provisional: continúa desempleado, pero disfrutará del subsidio de excarcelación que el Gobierno español concede a quienes han pasado más de seis meses encerrados. Solo terroristas y agresores sexuales cuyas víctimas tuviesen menos de 13 años tienen vetada esta ayuda legal que asciende hasta los 430 euros, libertad provisional.
No era la intención del gobierno. El ejecutivo ha intentado que ningún miembro de La Manada cobrase esta prestación social alegando que fueron presos preventivos y no condenados, pero la actual legislación le ha dado la razón a los criminales. A partir de ahora y durante los próximos seis meses, prorrogables por otros dos periodos de igual duración hasta un máximo de 18 meses, Prenda gozará de ella. Pero no es único: el más joven de los miembros, Ángel Boza, actualmente en prisión tras el robo con violencia de unas gafas de sol, también recibirá este subsidio en cuanto salga de nuevo en libertad.
La situación del resto de integrantes de La Manada es diferente. Jesús Escudero, el peluquero, solicitó esta ayuda pero le fue denegada por el ministerio de Trabajo por haber trabajando fuera y dentro de la cárcel durante estos últimos años. Aunque no quedará desprotegido económicamente: podrá cobrar la prestación por desempleo de toda la vida. Sin embargo Escudero, despedido de la peluquería familiar sevillana donde trabajaba antes ser encerrado por la presión social, habría manifestado su malestar alegando que la cuantía del paro es muy pequeña, según cuenta El Periódico.
Por su parte, tanto el guardia civil Antonio Guerrero como el militar Alfonso Cabezuelo, liberados también desde el pasado 22 de junio, están actualmente cobrando el 75% de su sueldo sin realizar trabajo alguno ya que los ministerios de Interior y Defensa respectivamente les han dejado sin destino laboral. Por ahora, y a la espera de los juicios de apelaciones que mantienen a los delincuentes sevillanos en libertad, parece que una idea está clara: el Estado, bajo el objetivo de la reinserción, condece apoyo a los criminales. Solo cabe preguntarse si las víctimas gozan también del apoyo que merecen.