Italia ha empezado la semana siendo institucionalmente más racista. El polémico ministro del Interior y vicepresidente del Gobierno italiano, Matteo Salvini, ha conseguido aprobar un decreto xenófobo que prometió en campaña electoral. Este nuevo ‘decreto Salvini’ supone dureza contra la inmigración, frenar el asilo y los refugiados y promover las expulsiones en caliente. Un movimiento político nada sorprendente viendo su historial de xenofobia institucional, como pasó cuando se negó a recibir el Aquarius.
El decreto presenta muchos aspectos polémicos. Por ejemplo, eliminarán la protección humanitaria –una de las tres formas de solicitud de asilo– y la sustituirán por un permiso de residencia de un año para personas en situaciones extremas, como desastres naturales o emergencias médicas. Eliminando la protección humanitaria, lo que Salvini consigue es que estos solicitantes de asilo tengan más dificultades para acceder a un visado de empleo o a centros de integración y acogida.
Ahora los centros de protección locales centros en los que se trabaja para integrar los solicitantes de asilo, enseñarles italiano y formarlos profesionalmente solo estarán disponibles para los que ya hayan recibido el asilo y los menores no acompañados. El resto, los solicitantes, serán enviados a maxicentros donde estarán internos y desamparados. Médicos Sin Fronteras ya ha denunciado las insalubres condiciones de los maxicentros en un documento que traduce El País: “[los maxicentros] contribuyen a deteriorar la salud mental de personas ya traumatizadas y reduce drásticamente sus posibilidades de integración social”.
Otro de los puntos polémicos del ‘decreto Salvini’ es “hacer Italia más segura”, como ha asegurado el vicepresidente en sus redes sociales. Salvini quiere expulsiones exprés de “delincuentes y falsos refugiados”, quitar la nacionalidad a aquellos extranjeros acusados de terrorismo y “dar más poder a las fuerzas del orden”. Con en sus redes sociales en mente, recortará las ayudas a la inmigración y usará el dinero para contratar y reforzar las fuerzas de seguridad. Es decir, menos derechos para extranjeros y más control policial.
Aquellos inmigrantes que tengan una condena en primer grado o que sean “un peligro social” serán más fácilmente expulsados. Sin embargo, como apunta El País, esta decisión es controvertida y podría ser acusada de anticonstitucional porque “hasta la condena en tercer grado se garantiza el derecho a la presunción de inocencia”. Sin embargo, Salvini está convencido en la necesidad de aplicar este punto para expulsar de Italia cualquier persona con una leve sombra de conflictividad.
Los expertos creen que estas medidas para “proteger Italia” de la inmigración y la peligrosidad no responden más que a prejuicios racistas del ultaderechista Salvini. Su decreto está pensado para impedir el acceso al país, expulsar aquellas personas que no interese y convertir Italia en un lugar de paso y no de acogida. Aunque su objetivo final es eliminar la inmigración irregular y conseguirla toda pactada a través de vías “legales”, la decisión de conseguirlo suprimiendo las oportunidades de que los extranjeros regularicen su situación tan solo logrará un gran aumento de la población en situación irregular. Con el 'decreto Salvini' los inmigrantes no van a desaparecer mágicamente, pero sí sus derechos.