Cuando hablamos del primer brote de Wuhan parece que hayan pasado años. La ciudad china, considerada el epicentro de la pandemia, empezó su estricta cuarentena en enero y duró once semanas. En su día había poca información, pero la que llegaba era que parecía una cárcel, que la movilidad era mínima, que no se estaban garantizando los derechos humanos básicos de gran parte de la población y que la policía estaba alimentando una sensación de caos y paranoia entre todos. Como denunciaba entonces The New York Times, “las autoridades están cazando a personas en Wuhan alentando a los ciudadanos a informar sobre otros. Incluso aquellos sin síntomas están siendo detenidos, solo por el miedo de sus vecinos”.
El Gobierno chino, además, no es famoso por su transparencia. De hecho, como explicaba el mismo artículo, en anteriores epidemias no tan globales como la covid, obviamente, ocultaron cifras de muertos, cerraron hospitales a la prensa y simplemente informaron a posteriori, una vez resuelta la crisis sanitaria. Y luego daban carpetazo a las acusaciones más chungas y decían que todo se hizo para frenar el virus. Por eso, muchos blogueros y periodistas se dedicaron a denunciar injusticias e infracciones que creían que se estaban ignorando, intentando hacer llegar a la población que el brote era más grave de lo que se decía, que los hospitales tenían muchos fallos y que había demasiadas personas a quienes no se les estaban garantizando derechos básicos. Y, por esa denuncia, China los ha perseguido legalmente.
La última en ser juzgada es Zhang Zhan, detenida en mayo y recién condenada a cuatro años de prisión por “provocar disturbios y buscar problemas” mientras compartía y denunciaba los abusos cometidos durante el primer brote de covid. “Según Amnistía Internacional AI, su trabajo en Wuhan se centró en informar de detenciones de otros reporteros independientes y acoso a familiares de víctimas del coronavirus. La organización Chinese Human Rights Defenders CHRD apuntó en septiembre que la mujer había sido detenida por publicar que los ciudadanos de Wuhan habían recibido comida podrida durante el confinamiento de once semanas que vivió la ciudad o que fueron obligados a pagar tasas para poder hacerse pruebas del coronavirus”, explica AFP.
Como añade El Periódico, “la terminología de ‘provocación de disturbios’ se suele emplear contra los opositores al régimen chino. En concreto, el tribunal la acusa de haber difundido informaciones falsas por Internet”. Es decir, que por informar de unos abusos que, según ella ha defendido en el juicio, estaban siendo encubiertos, los tribunales chinos la han acusado de traicionar a su país. Además, como añaden abogados y diversas organizaciones humanitarias, el juicio se hizo a puerta cerrada, por lo que no se tiene ninguna certeza de que se hayan cumplido las mínimas garantías durante el proceso. Ahora, Zhan está en huelga de hambre, dispuesta a morir ante “su injusticia”.