La Corte Penal Internacional (CPI) fue fundada en el año 2002 con el objetivo de juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Un esfuerzo colectivo de la comunidad internacional por priorizar los derechos humanos sobre los intereses geopolíticos de ningún país. Algo que, como están demostrando países como Israel o los Estados Unidos en estos últimos tiempos, con declaraciones y acciones, molesta a muchos gobiernos del mundo que no quieren que nadie ponga freno a sus actividades militares. De hecho, este último acaba de anunciar nuevas medidas destinadas a desmantelar poco a poco la CPI: sanciones económicas que podrían hacer colapsar a la institución.
¿Pero a qué se debe la cruzada de Trump contra la CPI? Lo que vende el máximo mandatario estadounidense, según los periodistas Tom Bateman, Anna Hooligan y Florence Freeman, de la BBC, es que la institución se encuentra gobernada por “globalistas que amenazan la soberanía estadounidense”. La realidad es que esas palabras tan bonitas se pueden resumir con un quiero poder hacer lo que quiera sin que nadie me juzgue, muy candente después de que la CPI hiciese pública una investigación sobre las acciones de soldados estadounidenses en Afganistán y de que anunciase órdenes de arresto contra varios dirigentes israelíes por el genocidio en la Franja de Gaza. Incluido Netanyahu.
De ahí este nuevo movimiento contra la CPI. En concreto, y como explican estos mismos periodistas, “las sanciones de Estados Unidos impedirán que las empresas estadounidenses proporcionen bienes o servicios a la CPI, por ejemplo bancarios o tecnológicos”. Esto se suma a otras medidas previas del gobierno de Trump con la misma finalidad: dañar la soberanía de la Corte Penal Internacional para debilitarla y desmantelarla: durante este último mandato ha penalizado a 17 jueces y funcionarios de la institución, a la que algunos integrantes de la administración de Trump ya han advertido de que no serán capaces de procesar a ningún ciudadano estadounidense. La persecución es total.
Y lógicamente ha habido respuestas. La propia CPI ha afirmado que estas sanciones constituyen un ataque contra el estado de derecho y los fundamentos del orden jurídico internacional. El secretario general de la ONU ha calificado el movimiento como “un duro golpe para nuestra búsqueda colectiva de la justicia penal internacional, de la cual la CPI es un pilar fundamental”. De hecho, estas sanciones podrían impedir los juicios de varios detenidos, entre ellos Rodrigo Duterte, ex presidente de Filipinas acusado de la ejecución extrajudicial de miles de personas, y otros acusados de crímenes de guerra procedentes de Libia, Sudán o la República Centroafricana.