Suecia quiere prohibir los mendigos. Esto es lo que se deduce de la propuesta presentada por el gobierno sueco, en conjunto con el partido de extrema derecha, Demócratas de Suecia. El texto propone prohibir la mendicidad, una medida que ha despertado fuertes críticas, ya que es una medida aporofóbica y lo que quiere es “invisibilizar” la pobreza en lugar de resolver sus causas.
Sin desaprovechar la oportunidad para hacer campaña xenófoba, el partido de extrema derecha asegura que el incremento de la mendicidad comenzó en 2010, coincidiendo con la llegada de ciudadanos vulnerables de otros países de la Unión Europea, especialmente de Rumanía y Bulgaria.
No hay datos que apoyen esa teoría
Además, los datos no respaldan del todo la narrativa del partido de extrema derecha sobre que haya un crecimiento descontrolado de la mendicidad. Desde la pandemia y con la casi desaparición del dinero en efectivo en Suecia, la cantidad de personas pidiendo limosna en las calles ha disminuido significativamente. Jonas Melinder, representante del Consejo Administrativo del condado de Estocolmo, confirma que el fenómeno no es tan visible como lo era hace una década. Esto plantea la pregunta de por qué el gobierno elige priorizar una medida tan drástica en un momento en el que la mendicidad ya no es un tema candente.
Criminalizar la pobreza no es una solución efectiva, y así lo han expresado organizaciones como Amnistía Internacional y Stockholms Stadsmission. Fanny Siltberg, portavoz de esta última, ha criticado duramente la propuesta, señalando que en lugar de atacar las causas profundas de la pobreza, como la desigualdad y la exclusión social, el gobierno está optando por una política que margina aún más a los sectores más vulnerables de la población.
Lo peor de todo es que el ministro de justicia Gunnar Strömmer, reconoce que el número de personas que mendigan en las calles ha disminuido en los últimos años, pero aun así apoya la medida del partido de extrema derecha.
Suecia, un país que históricamente ha sido visto como un ejemplo de progreso social y derechos humanos, ahora se enfrenta a una propuesta que, en lugar de fortalecer esos principios, los pone en riesgo. En lugar de desarrollar políticas estructurales para abordar la pobreza y la exclusión social, este tipo de medidas pueden acabar reforzando estereotipos y desplazando el problema a otras esferas. Como ya ha ocurrido en otros países, la mendicidad no desaparecerá por decreto; solo se hará menos visible, mientras que las raíces del problema permanecerán intactas.