Confirmado: la Unión Europea no es inmune a la tendencia conservadurista que ha tomado el mundo durante los últimos tiempos. Hasta ahora, y como explica la experta en derecho internacional María Teresa Gil en una publicación para The Conversation, “los estados miembros solo podían detener a migrantes en situación irregular como último recurso y en circunstancias específicas”. Además, “los centros de detención se encontraban casi siempre dentro de la UE”, lo que era una garantía para el cumplimiento de los derechos humanos. Ya no. A partir de ahora, y gracias a una nueva votación, el llamado reglamento de retornos permitirá deportar a los migrantes a países ajenos a la Unión Europea.
¿Pero cómo hemos llegado hasta aquí? Por un lado, hay una lectura puramente jurídica. Como argumenta Gil, el concepto de tercer país seguro, clave para poder enviar allí migrantes que se encuentran dentro de las fronteras de la UE, es ahora mucho más laxo gracias a un nuevo reglamento adoptado en febrero de 2026 que reforma el vigente Reglamento de Procedimientos de Asilo de 2024. Básicamente, y con estas modificaciones, los estados miembros pueden ahora pasar olímpicamente de las solicitudes de asilo “basándose en que el solicitante estaría a salvo de peligro o persecución en un tercer país seguro fuera de la UE”. Basta con que haya un acuerdo entre dicho tercer país y la propia UE.
En teoría, estos acuerdos solo se darán cuando ese tercer país respete las leyes internacionales de derechos humanos y se comprometa a no deportar a los migrantes a sus países de origen, donde su integridad física no está garantizada. “Sin embargo, mis investigaciones sostienen que para que un acuerdo con un tercer país cumpla plenamente con las obligaciones de los estados, este debe también proporcionar acceso a la educación pública, al empleo, a la vivienda, a la seguridad social y a los tribunales”. Y tiene pinta de que esto podría no ocurrir. Los migrantes podrían no disfrutar nunca de los derechos que les corresponden en virtud de la Convención de los Refugiados.
Y esto nos devuelve a la pregunta sobre cómo hemos llegado hasta aquí. Ahora desde una lectura política. Sí, por mucho que quieren vestirlo de otra manera, el nuevo reglamento de retornos parece responder al deseo de los gobiernos más conservadores de la UE de quitarse de encima a las personas migrantes. Una especie de marco jurídico que justifique echarlos de sus fronteras enviándolos a lugares con los que no tienen ninguna conexión. En palabras del Comisario de Derechos Humanos del CE, Michael O’Flaherty, se corre el riesgo de crear “agujeros negros de derechos humanos”. En los cuales, recordemos, caerán cientos de miles de niños. ¿Quién velará por su bienestar?