La Renta Mínima de Inserción (RMI) fue durante mucho tiempo el último escudo contra la pobreza extrema para cientos de miles de personas en España. Una ayuda pública que, sin embargo, y como ocurre con muchas otras protecciones, se gestiona a nivel autonómico, dando lugar a diferencias significativas entre territorios. No obstante, y como demuestra el periodista Marcos García en uno de sus reportajes, “desde 2019, la mayoría de los territorios ha reducido su inversión, lo que está provocando que la cobertura entre las personas que la necesitan sea mínima”. De media en todo el país, y hasta el año 2024, el dinero invertido había caído hasta un 6,7%.
Y no porque haya menos personas en riesgo de pobreza. Desgraciadamente, España es el quinto país de los 27 de la UE con mayor número de ciudadanos en esta situación. Y, aún peor si cabe, nos situamos 8,8 puntos porcentuales por encima de la media de la Unión Europea en lo que a tasa de pobreza infantil se refiere. No, el hecho de que gobiernos autonómicos de toda España estén metiendo menos pasta en la renta mínima no es símbolo de mejoría, sino señal de que se está priorizando cada vez menos al segmento más vulnerable de la población. Dicho esto, la realidad, tal como revela García, es que las cosas varían mucho según la región.
Una vez más, y en lo que a lucha contra la exclusión social se refiere, la Comunidad de Madrid vuelve a ser la comunidad más decepcionante. Allí, explica este periodista, “el dinero destinado a la Renta Mínima de Inserción se ha reducido entre 2019 y 2024 de 155,3 a 6,8 millones de euros, lo que supone una caída del 95,7%”. O dicho de otra manera: en cinco años, el gobierno de Ayuso ha hecho todo lo posible para desmantelar este escudo social. La excusa que ponen es que existe el Ingreso Mínimo Vital, pero la argumentación no se sostiene a la vista de lo que pasa en otras comunidades. Porque el IMV no es suficiente para garantizar una existencia digna.
Otros gobiernos autonómicos lo saben. En concreto, los únicas seis de los 17 que sí han aumentado la Renta Mínima de Inserción durante el mencionado lustro: el País Vasco ha incrementado el dinero destinado de 422,5 a 470,0 millones, Navarra de 103,1 a 111,4 millones, Cataluña de 267,5 a 394,7 millones, Comunidad Valenciana de 151,4 a 276,1 millones, Canarias de 36,5 a 102,4 millones e Islas Baleares de 27,6 a 38,3 millones. Lo curioso, además, lo que desmonta aquello que dicen desde el ejecutivo de Ayuso, es que los datos del IMV demuestran que el hecho de que esta ayuda llegue a más personas no tiene por qué implicar que desaparezca la RMI.