Hasta el momento, la constitución española más longeva de la historia de España era la de 1876, que estuvo vigente nada más y nada menos que 47 años y 73 días. 17.239 días en total. Pero esto acaba de cambiar: el pasado 18 de febrero la Constitución actual, la aprobada mediante referéndum el 6 de diciembre de 1978, tras la caída del régimen franquista, superó a la de 1876. La cosa es que en casi medio siglo solo ha recibido tres reformas: una para que los extranjeros de la UE puedan ser elegidos en las elecciones municipales, una para limitar el déficit público y otra para cambiar la palabra “disminuidos” por “personas con discapacidad”. ¿Pero necesita alguna otra?
Las reformas más solicitadas
Pese a la estabilidad proporcionada por la Constitución, mucho se ha hablado y se habla sobre la necesidad de cambiar algunas otras cosillas claves del texto. Como todo lo relativo a la Corona. Para empezar, hay quienes creen que debería haber una nueva consulta sobre la forma política de Estado que queremos: si una monarquía como hasta ahora o si una república. Pero no solo eso. Incluso entre quienes apoyan la forma monárquica hay gente que desearía una modificación del sistema de sucesión. Y es que el artículo 57.1 todavía prioriza a los hombres sobre las mujeres en el acceso al trono, una norma que contradice por completo los valores igualitarios.
Por otro lado, hay mucha gente que cree que debería modificarse la actual Constitución para fortalecer e incluso blindar ciertos derechos sociales que no se están protegiendo como deberían. Y, sí, lo has adivinado, el principal de todos ellos es el derecho a la vivienda. Porque ahora mismo está presente en el texto, pero no como un derecho fundamental, sino como un mandato a los poderes públicos: les obliga a hacer cosas para que ese derecho sea una realidad, pero no te da la potestad para ir a un juzgado y exigirle al Estado que te satisfaga ese derecho. Es una zona gris que, junto con otros factores, nos ha traído hasta esta crisis de la vivienda tan terrible.
Además, también se habla mucho de incluir derechos medioambientales para los ciudadanos, de manera que se vuelva una obligación legal para los gobiernos actuar contra el cambio climático y sus consecuencias. Ah, y otra propuesta muy extendida es la de incluir los derechos digitales en la carta magna: el acceso a internet, la protección de datos o la ética de las inteligencias artificiales. Vivimos tiempos nuevos con protagonistas nuevos. Hay que adaptarse. Por último, hay debate también sobre si debería transformarse el Senado, sobre si la provincia debería seguir siendo la unidad electoral o sobre si debería introducirse el federalismo. Y tú, ¿qué revisarías?