Daniel Ortega es uno de los líderes históricos del movimiento sandinista en Nicaragua: un movimiento de izquierdas que combatió y venció a la dictadura de la familia Somoza, en el poder entre los años 1937 y 1979. Tras ser jefe de Estado entre 1985 y 1990, Ortega volvió a la presidencia del país en las elecciones de 2006, puesto en el que ha permanecido tras la revalidación electoral en 2011, 2016 y 2021. En 2025, decidió nombrar a su esposa, Rosario Murillo, copresidenta de la República de Nicaragua. Ahora, y en otro movimiento autoritario, Ortega ha iniciado un plan de trabajo para preparar las reformas necesarias a la Constitución que “protejan las elecciones de la injerencia extranjera”.
En concreto, apuntan desde RTVE, “el Parlamento, controlado por el oficialismo, ha anunciado que realizará sesiones especiales con el Consejo Supremo Electoral, afín al Ejecutivo, con el fin de definir los pasos constitucionales, legales y formales que, según ha indicado, permitirán garantizar las bases jurídicas de las reformas”. La idea de Daniel Ortega y de su esposa es que nunca más haya intervencionismo indirecto de EEUU y otras potencias en el país.nFue la semana pasada, con motivo del 47 aniversario de la Revolución Sandinista en Managua, cuando el propio presidente declaró que “aquí no volverá a haber elecciones” con las que las potencias externas puedan “atrapar el poder”.
Además, y según informa el ente público, Ortega habría ordenado a los diputados preparar “las leyes para que le pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que le den los yanquis, no podrán”. Unos movimientos que acercan el régimen nicaragüense a regímenes de partido único como el de China o el de Cuba y que llegan en un contexto social conflictivo. No en vano, la represión del gobierno de Ortega fue responsable de la muerte de 300 personas y de la detención de otras miles durante las protestas ciudadanas de 2018, según análisis de las Naciones Unidas y de varias organizaciones no gubernamentales. La deriva del ejecutivo es muy evidente.
De ahí que otros gobiernos de la región estén poniendo el grito en el cielo. La Cancillería panameña, por ejemplo, emitió un comunicado criticando la supresión de las elecciones democráticas y asegurando que, “en respuesta a ese grave hecho, el Gobierno de Panamá ha convocado a consultas en la Ciudad de Panamá al embajador de Nicaragua”. Costa Rica, por su parte, ha hecho pública “su profunda preocupación por el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes”. Desde dentro, la oposición solicita a la comunidad internacional que “respalde al pueblo nicaragüense y ejerza la máxima presión política y diplomática”.