Lo que ocurrió en nuestro país durante la Vuelta ciclista fue histórico: la gente se echó a las calles para protestar contra la participación del equipo israelí en la competición por entenderlo como un blanqueamiento del gobierno de Netanyahu y su genocidio en Gaza. Y fue un éxito ciudadano. En Madrid, durante la 21ª y última etapa, la carrera tuvo que cancelarse a 56 kilómetros de la llegada cuando miles de personas invadieron el recorrido. Poco pudieron hacer los antidisturbios. Pero no fue solo en Madrid: en otros puntos del país como Bilbao o Valladolid también hubo protestas multitudinarias. Y ahora, cuatro de los activistas que las lideraron en esta última ciudad se sientan en el banquillo de los acusados.
Será el próximo 10 de julio. El primer juicio contra las protestas propalestinas de la Vuelta. La demanda es doble. Por un lado, la Fiscalía pide 21 meses de cárcel para cada uno de ellos por los delitos de desorden público y alteración del espectáculo deportivo. Además, y para dos de ellos en concreto, solicita cuatro meses más de prisión por un delito de resistencia a la autoridad, lo que sumaría un total de 25 meses y, en consecuencia, la posibilidad de entrar en la cárcel de verdad. Por otro lado, cuenta la periodista Beatriz Castañeda, está la demanda “de la Asociación y Comunicación sobre Oriente Medio, que los acusados definen como lobby sionista, quien solicita penas de 26 y 31 meses de cárcel”.
La defensa, por su parte, interpreta estas demandas como un intento de vulnerar el legítimo derecho a la protesta de los ciudadanos. Un castigo ejemplarizante para inducir el miedo en la gente y que se queden en casita la próxima vez que no estén de acuerdo con algo. En palabras del abogado de estos cuatro activistas, Erlantz Ibarrondo, para El Salto, “España es un laboratorio de la represión del derecho a la protesta. Es un patrón que ya hemos visto otras veces”. Sin embargo, la actitud de la Fiscalía contrasta con el apoyo público que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ofreció a los manifestantes durante aquellos días de lucha social. Parecía que la administración estaba del lado de la gente.
Aún así, los cuatro activistas están decididos a ir hasta el final. Y es que, mientras que otros muchos han decidido negar su participación en las distintas manifestaciones contra la Vuelta, estos otros han decidido reivindicarla: “Es una cuestión de ciudadanía. Hay que mostrarles que no pasa nada si la gente se implica y, si pasa, están arropados por mucha más gente”, cuenta uno de ellos. Dar otro paso adelante. Incluso si tiene consecuencias individuales graves. En este sentido, el mismo acusado ha expresado que “la máxima garantía de absolución es que haya lucha política en la calle”. Mientras tanto, están dispuestos a todo por defender algo fundamental: su derecho a decir basta.