Pocas cosas resultan tan importantes en estos momentos como la votación que tendrá lugar mañana en el Congreso de los Diputados sobre el real decreto ley 8/2026, en el marco de protección a los ciudadanos de los impactos económicos de la guerra de Irán, en el que se establece la llamada prórroga del alquiler. Una medida extraordinaria por la cual todos los contratos de alquiler que venzan entre el 22 de marzo de este mismo año y el 31 de diciembre de 2027 en España son susceptibles de prolongarse dos años más a petición del inquilino. Según las encuestas, tres de cada cuatro españoles están a favor de su entrada en vigor. Pero los grandes tenedores no están tan contentos.
De ahí que el Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, haya hecho un llamamiento formal vía carta a más de 500 empresas propietarias de más de 50.000 pisos en alquiler: deben aceptar los burofax enviados antes del 28 de abril por parte de sus inquilinos para acogerse a la prórroga de dos años. En concreto, y entre otras cosas, el comunicado del ministerio informa de que “la norma genera un nuevo derecho de renovación del plazo del contrato de alquiler por dos años que, previa solicitud del inquilino, deberá ser aceptado obligatoriamente por el arrendador, manteniéndose los términos y condiciones del contrato en vigor”. Se trata de una declaración de intenciones.
Entre las empresas que han recibido la carta, algunas de las más populares, escribe el periodista Germán Aranda, “son CaixaBank, Blackstone, Lazora, Axa, Vivenio Residencial, Ares, Encasa Cibeles, Témpore, Cevasa, Cerberus, Star, Liberbank, CAMI, Grupo Ortiz, Urban View Goldman Sachs o Sabadell”. Además, parece ser que el equipo de Bustinduy también ha enviado estos días una carta al PP para solicitar su voto a favor de la aprobación del decreto en el Congreso. Algo que, según una encuesta de Atenea del Dato, apoyan el 65% de sus votantes, muchos de los cuales admiten que sí estarían abiertos a cambiar su voto si la formación no apoya la prórroga del alquiler mañana 28.
Mientras tanto, hoy hemos podido saber, según un informe conjunto del CSIC y el Ministerio de Consumo, que desde el año 2008 y hasta el pasado 2025 los grandes tenedores han incrementado muchísimo sus propiedades inmobiliarias, al mismo tiempo que el porcentaje de hogares capaces de acceder a una primera vivienda ha disminuido notablemente. Y, pese a todo, escribe Aranda, “gran parte de los abogados de la patronal advierten de la judicialización de los casos y aseguran que los únicos contratos a los que aplicará la normativa son aquellos que venzan antes del 28 de abril”, pues esperan que la medida sea tumbada en el Congreso gracias a las formaciones conservadoras.