España tiene un grave problema con el derecho al aborto: se está convirtiendo en un negocio privado. Prueba de ello es que el 78,74% de las interrupciones voluntarias de embarazo que se realizan en nuestro país tienen lugar en clínicas que no pertenecen a la sanidad pública y en las que hay que pagar. Un tema que requiere un debate profundo. Lo que no lo requiere de ninguna manera es que grupos activistas antiabortistas se planten en las puertas de esas clínicas a ejercer presión sobre las mujeres. Da igual si son públicas o privadas. Es contrario a derecho. De ahí que una clínica de Vitoria, Askabide, haya llevado a 21 de estxs activistas a los tribunales.
Porque lo hemos normalizado. Hemos llegado a ver como natural que haya personas en las entradas de estas clínicas y que traten de convencer a las mujeres de no ejercer su derecho al aborto. Que como tienen un pensamiento religioso o ideológico determinado tienen derecho a presionar a ciudadanas libres para que cambien de decisión. Pero ni es normal ni es natural ni debería ser legal. Por eso este juicio es tan importante. Porque, como bien explica el periodista Iker Rioja Andueza, “es la primera vez que estas prácticas contrarias al derecho al aborto llegan a juicio en Euskadi, en España e incluso en Europa”. La sentencia puede ser un punto de inflexión.
En concreto, lo que solicita la acusación es una condena por delito de coacciones, por la que piden orden de alejamiento de la clínica durante tres años y cinco meses de prisión o cien días de trabajos para la comunidad para estxs activistas pertenecientes a la plataforma 40 días por la vida. Personas que, bajo la excusa de estar ejerciendo su libertad religiosa, ponen en riesgo la salud mental de muchas mujeres. Según ha declarado la abogada de Askabide, algunas pacientes han presentado cuadros de ansiedad como consecuencia del hostigamiento. Como si no fuera ya complicado acudir a una clínica a someterse a este tipo de intervenciones médicas.
Además, y en contra de lo que dicen lxs acusadxs de que sus protestas han sido siempre pacíficas, la acusación afirma que entre oraciones y mensajes religiosos también se escuchan habitualmente “barbaridades”. En cualquier caso, lo que está claro es que esas barbaridades solo agravarían algo que ya de por sí es grave: la mera presencia de esas personas ahí agobiando a mujeres en situación de vulnerabilidad. Y, bueno, no sabemos cuánto hay de interés comercial en la clínica denunciante con todo esto y cuanto de solidaridad con las mujeres, pero que se celebre el juicio es una victoria y esperemos que el resultado haga justicia. Que ya es hora.