Son muchas las voces, como la acampada feminista que tuvo lugar en Sol durante casi tres meses, que consideran que nuestro sistema judicial está teñido de manera más o menos visible por el machismo. Que no hay una justicia que comprenda realmente la problemática de ser mujer en una sociedad patriarcal. Y, a tenor de las medidas pactadas en el Congreso en materia de violencia de género, los políticos han captado el mensaje. Una de ellas, concretada el pasado miércoles en el informe de la ponencia de la Cámara Baja, es convertir esta violencia estructural en una especialidad jurídica, acampada feminista.
Los jueces que deseen especializarse en la materia recibirán una profunda formación multidisciplinar, tal y como reza el informe que detalla esta nueva norma y al que ha tenido acceso la agencia de noticias: “El temario deberá garantizar la adquisión de conocimientos de acuerdo con el principio de no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres y, en particular, de la legislación especial para la lucha contra la violencia sobre la mujer, incluyendo la normativa europea, y los tratados e instrumentos internacionales sobre igualdad, discriminación y violencia contras las mujeres suscritos por España”.
Pero además de una preparación específica, los magistrados aspirantes a esta nueva especialidad jurídica deberán superar “pruebas selectivas de especialización en violencia sobre la mujer”, como ya ocurre con otras especialidades presentes en nuestro sistema judicial como Menores, Social, Penal o Mercantil. Y por otro lado, según explica el texto de la ponencia, los profesionales deberán haber prestado al menos tres años de servicios efectivos como jueces para disfrutar del ascenso por escalafón en esta especialidad. El objetivo está bastante claro: construir un sistema judicial mucho más feminista.
Para monitorizarlo, y descubrir si realmente estas medidas surten efecto, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género se encargará de analizar los datos provenientes de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y de aquellos juicios que tengan relación con esta problemática en juzgados no específicos para, anualmente, publicar un informe que permita radiografiar nuestra sociedad. Una medida más contra la desigualdad de género incluida en un texto normativo que deberá ser aprobado por la Comisión de Justicia, el Pleno del Congreso y el Senado durante las próximas semanas.