“Rescatar personas está criminalizado. Paralizan a los activistas. Y la gente está muriendo en el Mediterráneo”, explicaba Pia Klemp al diario alemán Basler Zeitung. Ahora, esta activista de 36 años y nacida en la ciudad alemana de Bonn, ha sido acusada por Italia de "ayuda a la entrada ilegal" de ciudadanos extranjeros sin permiso. Le piden 20 años de cárcel y multas de miles de euros.
Klemp rescató 1000 personas que estaban arriesgando su vida cruzando el mediterráneo. Sin embargo, en 2017, Iuventa, el barco que utilizaba para brindar ayuda a los refugiados en alta mar, fue retenido en Lampedusa, la isla italiana más cercana a las costas africanas y donde van a parar la mayoría de migrantes que salen de Libia hacia Europa.
Desde entonces, ha estado a la espera de un proceso judicial que empieza ahora y que, según explica la televisión alemana DW, estará profundamente influido por la política xenófoba de Salvini, ministro de interior italiano perteneciente a la ultraderecha que impulsó la televisión alemana DW, con el que se quería eliminar el asilo y convertir en criminales todos aquellos que no quieran ignorar los gritos de auxilio de todos aquellos que mueren en el mediterráneo.
Klemp está recaudando dinero no solo para las multas sino para los costos legales, que “ascenderán a más de 300.000 euros, probablemente hasta medio millón”, como explica a Basler Zeitung. Una tragedia, no por ella, sino porque con ese dinero podría costearse hasta 10 misiones con las que salvar migrantes ahogándose. Algo que cataloga de “amargo”, porque ese proceso judicial atenta a los derechos humanos. “Solo hemos respetado el derecho internacional, especialmente el derecho del mar, donde la máxima prioridad es salvar a las personas de la angustia”, se lamenta.
El de Klemp no es un caso aislado. La criminalización de los activistas y los frenos gubernamentales a su actividad de rescate es constante desde que la mal llamada crisis de los refugiados llegó a Europa. En España tenemos muchos ejemplos. Está la activista Helena Maleno, que salvó a cientos de migrantes en el Mediterráneo y casi acaba en una cárcel en Marruecos tras el juicio.
Los activistas lamentan que los gobiernos europeos no interceden para agilizar los permisos para operar los barcos y los amenazan de entrar en procesos legales que podrían llevarlos a la cárcel si actúan por su cuenta. Mientras los migrantes mueren ahogados, barcos como el Open Arms, el Aita Mari o el Aquarius siguen atracados en puertos españoles, con la tripulación lista para zarpar en cualquier momento, pero sin autorización para hacerlo.