Mientras que el discurso se monopoliza alrededor de Barcelona y las protestas, Madrid también está viviendo una ronda de manifestaciones. Este miércoles una marcha de jubilados rodeó el Congreso exigiendo un acuerdo que blinde las pensiones en un mínimo de 1.084 euros, independientemente de lo cotizado, y una revalorización que sea igual o superior al IPC. Además, piden que se suban los impuestos a las clases más altas y las élites económicas para “garantizar la supervivencia del sistema y solucionar el ‘raquítico Estado de bienestar’ que tiene España”, según explica El Confidencial.
La reforma del PIB sería equivalente al 7,5%, lo que haría que España pudiera “alcanzar la media europea de recaudación, que actualmente se sitúa a la cola de la eurozona en ingresos públicos y es el último de los grandes países europeos”, añade el mismo artículo. Para los jubilados esta reclamación es indispensable para asegurar las pensiones, porque como alertan los estudios citados por el artículo, a medida que el envejecimiento de la población va a más, más complicada se va a hacer la financiación de las pensiones. Es decir, no solo están sus pensiones dignas en juego. Las nuestras también.
Otra de las reivindicaciones que enseñan que esta manifestación no es solo cosa de pensionistas es que quieren combatir las horas extra fraudulentas que ni pagan IRPF ni cotizan por lo que no aportan para las pensiones, el fraude fiscal de las grandes fortunas y empresas, los falsos autónomos epidemia que sufrimos los jóvenes y derogar las reformas de Zapatero y Rajoy volver a los 65 como edad de jubilación, entre otros.
Son unas medidas polémicas, a las cuales se responde sistemáticamente “no hay dinero”. Los pensionistas, sin embargo, creen que las medidas que proponen ayudarán a recaudar el dinero necesario sin afectar a los que ya van ahogados para llegar hasta final de mes. “Una de las exigencias es el ‘destope’ de las cotizaciones eliminar la base máxima, lo que aumentaría la aportación de empresas y trabajadores con un salario superior a 3.489 euros al mes”, informa el artículo. Es decir, hacer pagar más a los que más tienen.
Los portavoces consideran que la situación es desesperada y que el gobierno no piensa hacer nada hasta que no se envejezca todavía más la población. Creen que la Comisión del Pacto de Toledo, que originalmente debía garantizar que las pensiones volvieran al debate político, se ha sido intoxicado y solo sirve para “repartirse las cuotas de poder”, y no para responder a sus demandas. Ahora están solos en la calle, y no deberían, porque apoyando sus reivindicaciones los jóvenes no solo estaremos mejorando nuestro futuro como pensionistas, también nuestro precario presente. Como explicaba una manifestante a La Sexta, "luchamos por los jóvenes, que ellos son los que no tienen la pensión todavía".