Ya ha llegado el primer despido después de que el Tribunal Constitucional TC aprobase hace una semana que las bajas médicas justificadas puedan ser causa de despido. Ha sido la multinacional Atento que ha despedido a la presidenta del comité de empresa de su filial de Lleida porque tuvo que pedir tres bajas de 18 días hábiles en un periodo de dos meses 42 días hábiles.
La sentencia del TC “considera objetivo el despido de un trabajador que falte el 20% o más de días laborales durante dos meses, aunque sea con justificación”, según despido . Y ella, al faltar esos 18 días durante dos meses, lo sobrepasa con más de un 40%. Por lo tanto, es legal según el TC. Con esas faltas, además, aunque son justificadas, sobrepasaba el límite que fija la reforma laboral de Rajoy, un 5% anual, ya que acumulaba 18 días sobre los 249 hábiles, el 7,23%.
Aunque la empresa ha dicho que se basan el concepto de absentismo que define la Organización Internacional del Trabajo OIT, esta asegura que una baja por enfermedad justificada como la de la trabajadora despedida no es absentismo. Es, literalmente, un derecho indiscutible del trabajador: poder descansar para recuperarse cuando te pones enfermo y conservar tu empleo. Pero ahora este derecho ha sido arrebatado de forma legal.
Los sindicatos UGT y CC.OO. denunciaron la sentencia de “inhumana y despiadada” porque consideran que es una sentencia por parte de unos jueces con afinidades políticas muy concretas. “La sentencia procede de una parte del Tribunal Constitucional que obedece más a la ideología y antepone el dinero y las empresas a la salud de los trabajadores”, ha apuntado Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
Ambos sindicatos “han instado a todos los partidos políticos a sumarse contra la sentencia y a derogar la reforma laboral que sostiene este tipo de despidos”, añade el artículo. Aseguran que enviarán el caso a Bruselas porque valida legalmente el despido sin causas justas, en detrimento de los trabajadores.
En el caso de la trabajadora de Atento, además, el secretario general de UGT, Josep María Álvarez, ha denunciado que es un despido político: “si no fuera presidenta del comité de empresa no la hubieran despedido. Es un doble atentado a la representación sindical y al derecho a la salud de la trabajadora, es un despido inaceptable prescindir de una representante de los trabajadores que denunciaba las condiciones de trabajo”.
La batalla legal, por lo tanto, seguirá en instancias internacionales. Mientras, por el fallo del TC, cualquier empleado podrá ser despedido aunque lo justifique si falta el 20% de las jornadas hábiles en dos meses seguidos o el 5% en un año, una sentencia que “prioriza la libertad de empresa sobre el derecho a la salud y al trabajo de las personas trabajadoras, algo inadmisible para los derechos constitucionales de los trabajadores”, como concluye la UGT.