Hace poco os contábamos lo difícil que es pagarte un alquiler o una hipoteca en cualquier rincón de España. Pues en Alemania la cosa no está mucho mejor, con el agravante de que es un país con mucha más tradición de alquiler y Berlín lo eleva al máximo exponente con un 85% de ciudadanos que no son propietarios del lugar donde viven. Los precios han subido y el próximo día 26, coincidiendo con las elecciones presidenciales y también las municipales, en la capital se podrá votar si echan a los grandes especuladores de la ciudad.
Los grandes propietarios tienen en Berlín un total de 240.000 viviendas y lo que se plantea en el referéndum es si hay que expropiarlas, según explicaba recientemente El País. No será vinculante, pero una votación de esta magnitud puede marcar el camino a seguir con los grandes especuladores tanto en Alemania como en Europa.
El aumento de los precios de un 43% en los últimos cinco años ha acabado de colmar la paciencia de unos berlineses que ven que, mientras a ellos les cuesta horrores pagar el alquiler, unos cuantos se enriquecen a costa de sus penurias. Nada que nos tenga que sorprender demasiado en España, donde compartir piso y aún así ir apurado para llegar a final de mes es una realidad no solo para los jóvenes sinó también para familias migrantes con sueldos irrisorios.
El artículo 15 de la Ley Fundamental alemana es el que sirve de trampolín para el referéndum. “Con fines de socialización, el suelo, los recursos naturales y los medios de producción pueden ser situados bajo un régimen de propiedad colectiva”, dice esta normativa según recoge también El País.
Este no es el primer movimiento para intentar que los alquileres sean un poco más baratitos. De hecho, Berlín es uno de esos ejemplos que siempre sale a colación en las acaloradas discusiones de bar entre quienes quieren que se regulen los precios de la vivienda y quienes no. La ley de tope del alquiler entró en vigor en febrero de 2020 y fijó un máximo de 9,80 euros por metro cuadrado, que además obligaba a rebajar el alquiler a los propietarios que se pasaran un 20% de ese límite. Lo que pasa es que un año después vino la justicia alemana y tumbó esta ley al considerarla anticonstitucional.
El debate que se está dando en España se parece mucho y de hecho en septiembre de 2020 se aprobó también la regulación del alquiler en 61 municipios de Catalunya con precios más altos. La normativa obliga a rebajar los precios que están por encima del índice de referencia, un baremo basado en los promedios de mercado. La idea es que el gasto familiar en vivienda no supere el 30% y prevé multas de entre 3.000 y 90.000 euros.
El Gobierno español recurrió en junio esta ley al Tribunal Constitucional, que por ahora se sigue aplicando mientras se pronuncia la justicia. Aunque el Constitucional, que no suele estar mucho por leyes rompedoras, ya criticó la ley en su día y es bastante probable que la vuelva a tumbar. ¿Seguirá también alguien en España ese otro camino de Berlín buscando expropiar a los grandes propietarios? Lo veremos en los próximos episodios, aunque la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, seguro que está tomando nota. Fue idea suya, por ejemplo, obligar a las constructoras a destinar un 30% de sus nuevas construcciones a la vivienda social.