La semana pasada los principales medios de comunicación se hacían eco de la muerte de un temporero que, inconsciente por un golpe de calor, fue abandonado por su contratista en un hospital, donde acabó muriendo por el pésimo estado en el que se encontraba. Era Eleazar Benjamín Blandón Herrera, un nicaragüense de 42 años que había acudido a Lorca Murcia, dejando su familia sus cinco hijos y su mujer, embarazada en su país de origen, para conseguir dinero que enviarles.
Pero este abandono solo era la punta del iceberg en un caso que la justicia ya ha descrito como “un delito contra los derechos de los trabajadores”. El día que murió Blandón, tuvo que trabajar de cinco de la mañana hasta la tarde una jornada de 11 horas, a 44 grados, y sin acceso a agua para refrescarse. Según ha descrito, los responsables se negaron a ayudarlo cuando empezó a tener los primeros síntomas del golpe de calor y que “se demoraron hasta para dejarlo tirado en el ambulatorio”.
“Cuando llegó la furgoneta alguien dijo [no sabe especificar quién] que había que esperar a que terminasen todos de trabajar para aprovechar el viaje. Los subieron, dejaron a cada uno de los trabajadores y, por último, lo dejaron a él. Lo tiraron en el centro de salud, ya desmayado”, explica Ana, su hermana, que está recopilando testimonios para entender qué sucedió el día de su muerte.
Blandón ya había sufrido otro golpe de calor el jueves. Les explicó a sus familiares que no podía respirar y se desmayó, pero como cobraba treinta euros al día por esas 11 horas trabajadas y enviaba todo lo que le sobraba a su familia, no tenía dinero para comprar botellas de agua que le permitieran hidratarse. De cinco a cuatro, bajo el sol, sin agua. Al final, el desgaste constante de estar expuesto a estas condiciones de explotación fueron los que acabaron provocándole el golpe de calor mortal. “Me acuerdo cuando lo vi intentando limpiar una botella de aceite vacío para rellenarla de agua y llevársela al campo. Le di una botella mía para que la metiese en el congelador. Creo que el día que murió fue el único día que pudo llevarse agua”, cuenta su casera en el artículo.
“Era una bellísima persona, cocinaba para mí y sus compañeros para compensar la ayuda que le dábamos porque no tenía ni para comer. Los tratan como a perros”, añade. Su hermana coincide en el trato inhumano que recibió durante las semanas que pasó en la plantación: “Un día me llamó llorando: ‘Aquí a uno le humillan’, me dijo. ‘Me llaman burro, me gritan, me dicen que soy lento. Te tiran el polvo en la cara cuando estás agachado. No estoy acostumbrado a que me traten así’. Él y sus compañeros lloraban como chiquitos de impotencia cuando volvían del campo”, recuerda.
Los testimonios contra el propietario de la plantación, que ha sido puesto en libertad bajo fianza, son todos igual de demoledores: “siempre nos daba los peores trabajos, los más duros. Allí además nunca hay sombra. Estás en el puro campo pelado. Nunca entendí el trato que nos daba. Un día de mucho calor necesitaba agua y me dijo: ‘Por mí muérete, ni familia mía eres’. Yo lo tomaba como broma. ¿Quién va a querer que se le muera un ser humano?”, afirma un nicaragüense, que no ha querido dar su testimonio, a El País.
Blandón, además, no tenía más opciones laborales. Como añade su mujer, él huyó de Nicaragua tras manifestarse contra el gobierno de Daniel Ortega y recibir amenazas de muerte. Se vino con su hermana, residiendo en Almería, y empezó a pedir los papeles como refugiado político, pero por el covid se paralizaron todos los trámites migratorios. Viendo que no podía volver y que el gobierno español no podía expulsarlo, pero que tampoco tenía papeles para trabajar, fue a estas plantaciones y conseguir dinero mientras estuviera en el limbo legal, aunque fuera de forma precaria. Ahora, su familia ha empezado se paralizaron para conseguir los 5.000 euros que costará la repatriación de su cadáver y, así, poder enterrarlo en su tierra natal.
