Cifuentes. Montón. Casado. Los escándalos alrededor de los másteres de la Universidad Rey Juan Carlos están haciendo tambalear los cimientos de la supuesta meritocracia académica española. Y la última decisión del Tribunal Supremo, difundida esta misma mañana, podría elevar todavía más el descontento social: los magistrados que lo conforman han rechazado por unanimidad la petición de la instructora del caso, Carmen Rodríguez-Medel, de que Pablo Casado sea investigado por presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación administrativa.
El máximo organismo judicial de nuestro país advierte indicios de que Casado pudo recibir un "trato de favor" durante el máster en Derecho Autonómico pero esto, explican en el auto, no supone delito alguno. Para que exista prevaricación administrativa, según el Supremo, debe existir un "concierto de voluntades con el autor principal que puede ser previo o, cuando menos, simultáneo a los hechos" y, además, que su aportación sea "esencial" para la ejecución del delito. Casado tendría que haber conocido y cooperado de forma clave y, para los jueces, no hay indicios que así lo prueben. Y el presunto delito de cohecho, por otra parte, estaría prescrito.
La opinión de la instructora del caso de los másteres, no obstante, es diferente. Rodríguez-Medel considera que la petición de convalidación de créditos sería una conducta de cooperación necesaria en el presunto delito de prevaricación realizado por los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos. Además, asegura que Casado aceptó el máster regalado a sabiendas de que su concesión "no obedecía a mérito académico alguno". Sea como sea, el presidente del Partido Popular no enfrentará consecuencias legales por las irregularidades en la obtención del máster. Algo que podría hacer estallar a una comunidad estudiantil que, opinión de la instructora del caso, está más que harta.