El Ministerio de Sanidad está a punto de dar luz verde a un protocolo nacional para registrar a los profesionales de la salud que se acogen a la objeción de conciencia para no practicar abortos. Este registro, contemplado en la reforma de la Ley del Aborto aprobada hace casi dos años, busca garantizar que ninguna mujer se quede sin acceso a esta prestación en la sanidad pública debido a la falta de personal dispuesto a realizarla.
La medida llega tras años de desigualdades entre comunidades autónomas y un predominio de las clínicas privadas en la realización de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE). El registro será confidencial y no estará disponible públicamente.
Un panorama desigual
La inscripción podrá ser total, para quienes rechacen practicar cualquier aborto, o parcial, en función de supuestos concretos, como el tiempo de gestación o las causas médicas que justifiquen la intervención. Además, los profesionales podrán modificar o revocar su decisión cuando lo consideren.
Aunque algunas comunidades autónomas, como Murcia, Canarias o Catalunya, ya han creado sus propios registros, otras, como Madrid o Andalucía, se han mostrado reticentes a la medida. Esto ha perpetuado un panorama desigual en el que el 80% de los abortos se siguen llevando a cabo en clínicas privadas, a pesar de que la ley busca priorizar la sanidad pública para estas intervenciones.
El problema no es menor. En regiones como La Rioja, donde la objeción de conciencia está muy extendida, solo tres médicos no objetores realizan abortos en todo el sistema público. Esto obliga a muchas mujeres a trasladarse a otras comunidades para ejercer su derecho, algo que el Tribunal Constitucional ha calificado como una vulneración de derechos fundamentales. Y no es un caso aislado: cinco comunidades autónomas no realizaron ni 50 abortos en hospitales públicos el año pasado, y algunas provincias, como Extremadura, ni uno solo.
El registro garantizará que los no objetores no carguen con todo el peso de estas intervenciones y, por otro, protegerá a los objetores de cualquier discriminación. Pero el objetivo principal es garantizar que las mujeres tengan acceso a abortos seguros y legales en su propio territorio.
A pesar de los avances, el camino es lento. En los últimos años, el porcentaje de abortos realizados en la sanidad pública apenas ha aumentado un punto. Mientras tanto, miles de mujeres siguen dependiendo de clínicas privadas o desplazamientos, lo que subraya la necesidad de seguir trabajando para que la objeción de conciencia no se convierta en un obstáculo insalvable.