A Paula Rodríguez no le quedó más remedio que cambiar los estudios por la ropa y los sueños por la realidad. Desde hace un par de años vende prendas en una tienda de Ourense, su ciudad. El motivo del cambio fue el de muchos: ganar el dinero que no tenía para pagarse un máster de televisión en Madrid, uno de los sueños de su vida. Como ella, miles de alumnos en España no se pueden permitir estudiar en Barcelona o en Madrid. En estas ciudades, que concentran las mejores universidades del país, el precio de un curso de grado puede llegar a los 2.372 y a los 1.693 euros, respectivamente. Pero en Galicia, donde estudió Paula, el máximo está en 836, según el estudio ¿Por qué precios tan distintos?, que el Observatorio del Sistema Universitario publicó la semana pasada.
Entonces, ¿están los estudiantes condenados a la precariedad si se les ocurre salir de su comunidad por estudios? A Paula este contraste entre regiones no parece echarla para atrás. Tras más de un año a media jornada, tiene decidido dejar el trabajo: quiere irse a Madrid y está buscando un máster más económico, algo a lo que pueda aspirar teniendo en cuenta que pagará un piso —el alquiler en Madrid es uno de los más altos de España—, comida, transporte y el resto de gastos que uno tiene viviendo fuera de su casa.
Un problema parecido al de Paula lo tuvo Irene López, una estudiante de bioquímica que se mudó a Madrid para estudiar en la Complutense. Irene lleva cuatro años en la capital y el tercero fue el más difícil: no tuvo beca, solo la ayuda de su familia para pagar los 1.500 euros de matrícula, los 300 del alquiler del piso y otros 300 que necesitaba para los gastos del mes. "Fue jodido, porque mis padres tuvieron que hacer un esfuerzo enorme y tuve que renunciar a algunas cosas", cuenta.
Desde la entrada en vigor del Espacio Europeo de Ensañanza Superior EEES —el famoso Plan Bolonia— y la modificación de 2012 de la Ley Orgánica de Universidades, que flexibiliza todavía más los precios y da más margen a los gobiernos regionales para cambiar el coste de las carreras, las diferencias han aumentado mucho. "La ley establece que los precios se tienen que delimitar a partir de los costes del servicio, pero en ningún lugar explicita cuáles son los costes. También marca una horquilla de precios, de manera que las comunidades, cuando legislan, tienen la capacidad de establecer un precio entre una franja que va del 15% al 25% del coste de prestación del servicio en grados y másteres habilitantes y del 40% y el 50% en másteres no habilitantes", dice Carme Peñas, una de las responsables del estudio.
Carme y el resto del equipo del Observatorio del Sistema Universitario han intentado profundizar más y ver qué explicaciones dan los gobiernos regionales sobre el coste de la formación, pero ninguno lo ha especificado a la hora de aprobar el decreto que establece el precio del crédito universitario: "El coste del profesorado es el mismo en todo el Estado porque son funcionarios. No está claro de dónde salen las diferencias y deberían justificarlo".
El precio de las carreras varía no solo en función de la comunidad, sino también de la rama: los estudios de humanidades suelen tener las tasas más bajas y los de ciencias de la salud las más altas. En Cataluña, donde se da la mayor desigualdad entre estos grados, hay una diferencia de 857 euros por curso. Solo Andalucía aplica los mismos precios a todas las carreras, unos 757 euros.
Irene Trane, que estudia un triple grado de filosofía, economía y política en Madrid, dice que no es consciente de las diferencias de precios entre las comunidades porque tiene beca, pero que donde lo nota es en el nivel de vida al tener que coger el transporte público para moverse por la ciudad, al pagar un piso de alquiler de 400 euros o intentar salir de fiesta.
Algo parecido le pasa a Adrián Lorenzo: en su ciudad pagaba 170 euros por una habitación, pero en la capital paga 400 para poder estudiar un máster de comunicación política de 7.000 euros en el que no tuvo beca. "Creo que mucha gente no puede venir a Madrid, como muchos de mis amigos, que se tuvieron que quedar en casa. Sé que soy afortunado porque mis padres tienen una solvencia económica que me permite estudiar", cuenta. Su caso es la excepción que confirma la regla: la mayoría no tiene su suerte.