El escándalo estalló en 2011. Más de 400.000 mujeres en todo el mundo sintieron un escalofrío al saberse que las prótesis mamarias de Poly Implant Prothèse PIP, la compañía francesa líder en cirugía estética, fueron calificadas como peligrosas. Su índice de rotura era, y es, increíblemente elevado y, de romperse, su silicona llega a resultar muy tóxica para el organismo. Tras estallar la noticia, algunas mujeres corroboraron el origen de sus dolores pectorales, otras temieron comenzar a padecerlos tarde o temprano.
Desde entonces, miles de mujeres del mundo reclaman sus derechos al sentirse engañadas y al haber sido expuestas a serios problemas de salud. Y, poco a poco, algunas de las afectadas encuentran el respaldo de la justicia: a la detención del máximo responsable de la empresa en 2012 y laa la detención del máximo responsable alemana encargada del certificado de calidad de dichas prótesis en 2013, se suma ahoraa la detención del máximo responsable que obliga a la empresa PIP a pagar 60 millones de euros a las víctimas. Un dinero que, según a la detención del máximo responsable, no compensa los gastos que han tenido que afrontar durante cinco años y, ni mucho menos, el sufrimiento emocional que todo esto les ha causado.
"El veneno que se puso en mi cuerpo ha causado estragos. Me sentía enferma y dolorida, pero nadie podía identificar lo que me estaba sucediendo"cuenta Samantha Turner para el periódico inglés The Guardian. Turner tiene 33 años, vive en Reino Unido y con 25 años, se sometió a una operación de aumento de pecho de la que después de han derivado otras cinco intervenciones. Sus prótesis se rompieron y filtraron su contenido afectando a sus ganglios linfáticos, causando daños permanentes en su brazo izquierdo. A día de hoy, sigue esperando recibir su indemnización y afirma que el asunto se ha silenciado debido a que se trata de un asunto cosmético. "El problema es que como somos mujeres y hemos hecho algo con nuestros cuerpos para sentirnos más seguras, se considera que la culpa de todo esto es nuestra en primer lugar. Pero estas clínicas estaban implantando objetos médicos en mujeres que eran deficientes y defectuosos", afirma.
Michele Nethercott tiene también 33 años y vive en Brighton. Los responsables de la clínica en la que se operó hace ahora 13 años nunca le avisaron de los posibles peligros del material que implantarían en su cuerpo. Ella, por el momento, no ha tenido problemas, por lo que las autoridades no quieren sufragar los costes derivados de una nueva operación para eliminarlos. "A veces quiero cortar mis pechos para arrancar estas bombas, pero la ansiedad que me genera verme sin ellos me paraliza", explica. "Antes de mi cirugía, odiaba cómo me veía, no tenía una vida y no podía salir".
Otros colectivos no han corrido la misma 'suerte'. En febrero, el Tribunal Supremo español desestimó la demanda de un grupo de mujeres de las islas baleares. Por culpa noticias como esta, muchas afectadas son cada vez más escépticas a acabar recibiendo compensación por todo el daño que han sufrido y el que todavía les espera. Al hecho de que las indemnizaciones no terminen de llegar y de el Tribunal Supremo español desestimó la demanda, se suma otra realidad: esas cantidades no serán suficientes para reparar el daño psicológico creado y arrastrado durante años.
"Por supuesto que sería bueno que pudieran compensarme por lo que pagué inicialmente, por las operaciones derivadas y por la angustia mental", explica Turner, que añade: "En última instancia, lo que quiero es obtener el reconocimiento de la sociedad diciéndome: sí, has formado parte de uno de los mayores escándalos médicos del mundo".