El Gobierno de España acaba de lanzar una página web en la cual aboga por la transparencia del Estado. En ella, se hacen públicos a todos los ciudadanos una serie de datos y registros de información relacionados con convenios, subvenciones, currículums, distinciones individuales... Hasta aquí todo bien, si no fuera por la cantidad de trabas que presenta a todos los ciudadanos.
Al margen de que Rajoy prometió lanzar esta web a principios de 2012, con lo cual tiene casi 3 años de retraso, parece llegar en el mejor momento para los intereses del partido dados los últimos casos de corrupción y de las elecciones a la vista. Pero centrémonos en la web: esta ofrece un total de 530.000 registros accesibles; un número que a priori parece muy alto pero de los cuales ya se conocían un gran porcentaje y entre los que la información que aparece es muy selectiva; por ejemplo, la seguridad ciudadana o la Casa Real siguen siendo tabúes y no se incluyen en este listado.
La página ha visto la luz este miércoles y en todo este tiempo se ha colapsado en varias ocasiones. Algo comprensible teniendo en cuenta que es una web nueva con gran repercusión, por lo que se le puede achacar falta de previsión, pero es normal. La pega está en que para entrar hace falta un DNI electrónico o un certificado digital, es decir, que consultar la información transparente no será anónimo. La limitación de formato impide trabajar con hojas de cálculo, por lo cual se dificultan los análisis comparativos y aumentan las trabas del sistema.
Esta semana, España ha sido el último país de Europa en facilitar un acceso de información a los ciudadanos. Las organizaciones Access Info Europe y el Centro de la Ley y la Democracia, que se dedican a valorar las leyes de transparencia, sitúan a España en el puesto 64º a nivel mundial. Se destacan las ideas pero se cuestiona que se pongan en práctica. El artículo 12 de la ley de transparencia reza así: «todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública»; no obstante, se limita a quienes tengan DNI o sean ciudadanos europeos. También se cuestiona la solicitud de datos, cuya ley afirma que se podrá presentar por cualquier medio siempre que se identifique al pretendiente, pero en la propia web solo se puede hacer a través del portal de momento no figura ningún número de teléfono, correo electrónico ni dirección postal a los que se pueden dirigir los ciudadanos para presentar las solicitudes.
Conclusión: la idea es muy bonita, pero podría decirse que las trabas y limitaciones que se presentan a la hora de acceder a la información son más propias de una ley translúcida.
Crédito de la imagen: publico.es