Bernard era un abuelito asentado con su esposa en una casita de Marbella. Parecían un matrimonio más de jubilados británicos en la Costa del Sol, pero no. A sus 72 años este señor era el septuagenario líder de una banda internacional de tráfico de viagras falsas. Puede sonar a película de serie B, pero la información viene directamente de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional que hace escasos días realizó la operación Alfil en la que se le incautaron miles y miles de pastillitas azules. Fiel a su estilo discreto, Bernard había escondido parte del arsenal de viagras fraudulentas bajo la encimara de su cocina, sin embargo, su negocio se extendía a países tan lejanos como Singapur o la India pasando por el Reino Unido y acabando diluido en los vasos sanguíneos de cientos quizá miles de penes de hombres con disfunción eréctil de toda Europa.
La organización tenía un funcionamiento muy similar a la desmantelada recientemente en la operación Jelly y utilizaba la venta a través de un portal de internet como método de distribución que era dirigido por un jubilado norteamericano residente en México. Al parecer, Bernard y sus socios jubiletas ninguno de ellos bajaba de los 60 y largos obtenían los productos para aumentar la líbido y acabar con la disfunción eréctil directamente de fábricas en la India. Evidentemente, estos productos eran introducidos en Europa sin pasar por ningún tipo de control sanitario ni la autorización de la Agencia Española del Medicamento. Las marcas podrían inspirar erecciones, pero confianza más bien poca: Kamagra, Hardon X Power, Vidalista, Sildenafil, Cenforce, Tadarise, o los llamados Tissues Super Magic, una especie de kleenex para prolongar las erecciones.
El pago solía realizarse a través de tarjeta de crédito o contrareembolso, una vez el dinero llegaba a la organización, que tenía sus bases en Alicante, Madrid y Murcia, el método de blanqueo solía consistir en transportar el dinero en pequeñas cantidades a Andorra, la compra de artículos de lujo en efectivo o la inversión en criptomonedas. En total, se calcula que la organización había conseguido levantarse unos 3 millones de euros. Aunque se desconoce si la actividad de los 33 detenidos entre la operación Jelly y Alfil ha provocado algún tipo de problema de salud a los consumidores, se sabe que en gran parte los pseudomedicamentos vendidos podrían ser peligrosos ya que la cantidad de principios activos que contenían eran altamente variables al no haber sido producidos bajo un mínimo control farmacéutico.
