Mucho se habla de la consulta independentista que pretende llevar a cabo el Ejecutivo de Artur Mas para pedir la opinión ciudadana sobre la independencia de Cataluña. El Gobierno no ha autorizado este referéndum, pero aunque solo sea este al que se le esté dando bombo en el panorama nacional e internacional, podemos asegurar que no es el único. En Canarias también se planea una consulta en noviembre a la que Rajoy no ha dado el visto bueno.
¿Qué ocurre?
El Gobierno de España ha concedido una autorización a Repsol para realizar prospecciones petrolíferas en las aguas cercanas a las islas que conforman el archipiélago. Canarias alerta de los peligros que esto puede conllevar al provocar modificaciones importantes en el modelo turístico y medioambiental, ya que cualquier mínimo desprendimiento de petróleo sería catastrófico para la naturaleza de la zona. Asimismo, tilda de inconstitucional a esta medida, por ello ha convocado un referéndum para pedir la opinión de los ciudadanos canarios al respecto, aunque el Gobierno central no lo haya autorizado.
¿Cuál es la pregunta?
La pregunta es directa y solamente da lugar a responder inequívocamente con un sí o con un no: «¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?».
¿Por qué se opone el Estado?
Obviamente esto va contra los intereses estatales, que se frota las manos ante un posible negocio petrolífero. Pero en el ámbito político, la consulta la ha convocado el Gobierno autonómico de Canarias, liderado por los partidos de Coalición Canaria y del Partido Socialista. El Gobierno central se escuda en que no es legal, puesto que ellos son los únicos con potestad para lanzar cualquier consulta a los ciudadanos.
¿Para cuándo se ha convocado?
Para el 23 de noviembre, tan solo un par de semanas después del referéndum que presumiblemente tendrá lugar en Cataluña.
¿Qué dice Moncloa?
El Gobierno ha pedido al Tribunal Constitucional que impugne la consulta, aunque para ello antes debe reunir un Consejo de Ministros. También propondrá que se suspenda cualquier acción derivada.
¿Y el Consejo de Estado?
Opina igual que el Gobierno, puesto que alega que el gobierno autonómico ha excedido las competencias; es decir, que también aboga por impugnarlo.
Entonces, ¿qué ocurrirá?
Todo apunta a que el Tribunal Constitucional, que es la última instancia en esta competencia, suspenderá la consulta prevista. Existen precedente similares y cualquier incumplimiento conllevaría repercusiones legales.
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