Las escenas de refugiados que huyen de la guerra, el hambre o el terrorismo no dejan de aumentar. Las imágenes desgarradoras de los desplazados en condiciones precarias abren telediarios, llenan portadas y se hacen virales en las redes sociales. Los ciudadanos europeos contemplamos con horror e impotencia una situación que nos recuerda a los capítulos más oscuros y sangrientos de la historia del viejo continente.
¿Por qué se cierran fronteras? ¿Por qué han desaparecido más de 10.000 niños refugiados? ¿Por qué se abandonan a millones de personas en condiciones extremas? Exigimos respuestas a nuestros representantes políticos, y estos acuerdan un pacto con la Turquía de Erdogan que se salta la legalidad y carece de toda ética.
El pacto de la vergüenza
El lunes se anunció el polémico preacuerdo entre Turquía y la Unión Europea, que se concretará en la próxima cumbre europea prevista para los días 17 y 18 de marzo. 'El pacto de la vergüenza', así se ha bautizado a un acuerdo que tratará a las personas como si fueran cromos. Y es que se pretende llevar a cabo un intercambio con el país vecino. La Unión Europea deportará a todo migrante que llegue de un modo ilegal a costas griegas desde Turquía, a cambio de que los Estados miembros reubiquen a un número equivalente de refugiados asentados ya en Turquía. “Este burdo cálculo reduce a las personas a meros números, negándoles un trato humano y desechando su derecho a buscar protección”, ha afirmado el responsable de relaciones externas de Médicos sin Fronteras, Carlos Ugarte, en un comunicado.
Podría resultar ilegal
Desde el Consejo General de Abogacía Española se afirma que “aplicar esta medida indiscriminadamente a 'todos', sin diferenciar y procurar refugio a los potenciales solicitantes de asilo, supone una vulneración radical y manifiesta del derecho internacional”. Además hay muchas entidades que se han indignado ante las medidas expuestas el lunes, como ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados, o la asociación Human Rights Watch que aseguró que “el acuerdo contradice los principios de la UE que garantizan el derecho a pedir asilo y prohíben las expulsiones colectivas”. Por su parte, la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado apunta que “asistimos a un intercambio de vidas humanas y derechos por intereses económicos y estratégicos”.
Aparte de la legalidad, se trata de humanidad. Llegados a este punto uno se vuelve a plantear la seriedad de los Premios Nobel de la Paz, otorgado en 2012 a aquella Unión Europea que presumía de su contribución al avance de la paz, la reconciliación, la democracia y los derechos humanos. Nos damos cuenta que quizá poco o nada ha cambiado, y para lo único que hay derechos es para la economía de libre mercado.
El caso es que mientras los dirigentes europeos discuten, acuerdan y desacuerdan pactos, millones de seres humanos, no importa de qué procedencia, color o religión, están sufriendo la crueldad de unos sentimientos y una ideología impropia del continente que decía representar los derechos y libertades.