El día que Villca Fernández utilizó su cuenta en Twitter para desafiar al expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, no podía imaginar lo que se le vendría encima. “Tienes los días contados en el poder y tienes muchas cuentas pendientes con la justicia. No te tengo miedo”, escribió este dirigente estudiantil que unos años antes había recibido el impacto de 65 perdigones por parte de la Guardia Nacional Bolivariana tras una protesta pacífica contra el aumento del billete de transporte para estudiantes. No en vano, Cabello acumulaba y acumula 17 denuncias en la Fiscalía del país.
Tan solo 24 horas después del mensaje, el 31 de enero de 2016, los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN detuvieron a Villca y lo trasladaron a los calabozos de su sede en Caracas, un edificio que los venezolanos conocen como La Tumba. Desde entonces, espera entre rejas la celebración de su juicio por los delitos de instigación al odio y divulgación de información falsa. El de Villca es uno de los 20 casos analizados en el informe presentado este miércoles por La Tumba AI bajo el título La Tumba
“El informe demuestra el aumento de la ‘caza de brujas’ o persecución realizada sobre los disidentes políticos en Venezuela a raíz de la fuerte crisis política que sufre el país. No hay duda de que las autoridades venezolanas han empleado sistemáticamente el sistema judicial para justificar la persecución y detención de los que piensan distinto a ellas”, asegura el director de Amnistía Internacional AI España, Esteban Beltrán. En este sentido, el activista explica que las 20 detenciones arbitrarias se han producido “por motivos políticos desoyendo incluso la propia legislación venezolana”.
Según AI, la represión del gobierno de Nicolás Maduro sobre miembros de la oposición habría aumentado significativamente a raíz de las protestas estudiantiles de febrero de 2014 —llamadas ‘guarimbas’ por el chavismo— en las que Villca, como líder estudiantil de la Universidad de Los Andes ULA en Mérida, tuvo un papel destacado. De hecho, el informe apunta que en los últimos tres años el número de denuncias sobre detenciones arbitrarias se habría disparado a varios cientos aunque, de momento, solo habría podido ser demostrado en 170 casos.
“En Venezuela al menos 16 personas ya han cumplido con los requisitos exigidos por los propios tribunales venezolanos para ser puestos en libertad y, sin embargo, permanecen en prisión sin justificación alguna”, señala Beltrán. Uno de los principales problemas apuntados por el informe es la utilización del SEBIN como verdadero aparato de control de la disidencia política y que actúa al margen del propio poder judicial que, a su vez, carece de independencia debido a que “el 65% de los jueces del país están en situación provisional y, por tanto, expuestos a presiones externas”.
“El SEBIN depende de la vicepresidencia de la nación y tiene una serie de deficiencias muy graves desde el punto de vista de los derechos humanos. Su objetivo es la neutralización de amenazas reales o potenciales para el estado venezolano y, bajo esta premisa tan ambigua, mantiene a personas en prisión preventiva en sus calabozos sin tener funciones para ello”, recalca Beltrán quien denuncia una auténtica red de informantes anónimos con los que fabricar acusaciones contra los miembros de la oposición.
“La detención del abogado Marcelo Crovato se basó en dos informantes anónimos que resultaron ser dos agentes encubiertos que, además, actuaron sin la autorización de la Fiscalía o el juez. Esto no debería producirse según el Derecho Internacional que exige la garantía mínima del derecho de la defensa para interrogar a los testigos algo que no se le permitió a Marcelo”, apunta el director de AI. Precisamente, el caso de Crovato, de nacionalidad argento-venezolana, se ha convertido en uno de últimos puntos de tensión entre los presidentes Nicolás Maduro y Mauricio Macri.
Otro de los puntos en los que incide Beltrán es la utilización del aislamiento y la incomunicación injustificadas sobre los presos políticos venezolanos y cita el ejemplo de Leopoldo López, exalcalde del municipio de Chacao y coordinador nacional de Voluntad Popular condenado a 14 años de prisión por instigar las protestas ciudadanas de 2014. “Leopoldo ha visto su situación agravada últimamente porque desde el 8 de abril las instituciones penitenciarias han negado a sus familiares el derecho a visitarlo y ha sido mantenido en régimen de aislaimiento”.
Precisamente, el pasado lunes su esposa, la activista Lilian Tintori, pasó 15 horas frente a la cárcel de Ramo Verde exigiendo visitarlo. Lejos de amilanarse, Maduro pasó 15 horas frente a la cárcel de Ramo Verde exigiendo visitarlo, María Corina Machado, a la que se le imputan exactamente los mismos delitos que llevaron a la condena de Leopoldo López. Aún así y a pesar del riesgo real de convertirse en la nueva presa política del país, la respuesta de la líder de la oposición no se hizo esperar: “Sr. Nicolás Maduro, ya se lo dije y se lo repito: estoy donde siempre he estado, en la calle, con los venezolanos. Esto no nos detendrá”.