Los políticos se han unido en un Pacto Feminista por las putas pero sin las putas

El rechazo a la violencia contra las mujeres se ha hecho cada vez más explícito en distintas partes del mundo. En España, el pacto de estado contra la violencia machista, dotado de una partida presupuestaria de 1.000 millones de euros, ha sido la última medida para hacer frente a esta lacra. Sin embargo, sus 265 propuestas parecen olvidar los derechos y reivindicaciones de un colectivo históricamente estigmatizado: las trabajadoras sexuales.

No hablamos de mujeres que son forzadas a ejercer la prostitución por parte de mafias, sino de personas que deciden (por diferentes motivos) dedicarse al trabajo sexual. Trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo sexual (prostitución no forzada) son realidades distintas. Así, lo puso sobre la mesa el Colectivo Hetaira en su comparecencia en la Subcomisión del Pacto el pasado 8 de mayo.

Las cuestiones relativas a trata y prostitución a las que Hetaira apeló y que se muestran en consonancia con las demandas de otras organizaciones de trabajadoras sexuales, apenas han tenido relevancia en el Pacto. El pasado 28 de julio, el PP se valía de su mayoría en el Senado para bloquear la iniciativa del PSOE, apoyada por otros grupos políticos, de incluir la prostitución (y la gestación subrogada) como violencias machistas.

Resulta paradójico que un partido de derechas y mayoritariamente conservador evite declarar la guerra a las trabajadoras del sexo desde el púlpito. No sabemos qué tipo de intereses puede haber en las filas que lidera Mariano Rajoy para actuar de esta manera. Lo que sí sabemos es que mientras todos los políticos tienen derecho a vacaciones, pensión de jubilación, baja por maternidad, permiso de trabajo, baja por enfermedad o derecho a tarjeta sanitaria, muchas trabajadoras sexuales carecen de esos derechos… básicos.

No es ningún secreto que, pese a las voces disidentes, el PSOE e IU constituyen el nido del abolicionismo institucional. La senadora socialista Laura Berja había defendido que la prostitución es una de las formas de violencia “más crueles” que sufren las mujeres y Sol Sánchez, coportavoz de IU en Madrid, hacía lo propio en redes sociales.

Sin embargo, las demandas de Hetaira y otras organizaciones de trabajadoras sexuales son bien distintas. Desde Aprosex, Paula Vip, expresa: “La concepción del cuerpo y la sexualidad de las mujeres que se tiene actualmente en los senos feministas de los partidos, agrede directamente a las mujeres que, libremente, ejercen trabajo sexual”. Por su parte, el grupo de expertos de la Unión Europea en materia de trata, GRETA, insiste en que la prostitución no equivale directamente a trata. En una línea de pensamiento muy similar se encuentra también Amnistía Internacional, organización que está pidiendo la despenalización de la prostitución y el cese a los abusos a los derechos humanos de estas personas a nivel mundial.

¿Qué hacemos entonces con la prostitución? ¿Y con la trata?

La trata de personas es un delito tan complejo que necesita de una ley integral. Incorporarla al Pacto Feminista es francamente insuficiente. Aunque cada vez se persigue más el delito de trata, las medidas de protección y recuperación de las víctimas no son eficaces. Hay constancia de casos de víctimas de trata internadas en CIEs y posteriormente deportadas “en caliente” por ser consideradas “inmigrantes sin papeles”. Como señala Hetaira, con el colapso que existe en los juzgados de violencia machista ante las agresiones cometidas en el ámbito de la pareja y ex pareja, ¿acaso es pertinente saturarlos más con casos de trata? Se necesita una ley específica y profesionales y equipos interdisciplinares para su detección y persecución. Además, aunque el delito de trata puede ser nacional, su carácter es global y requiere de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad extranjeros.

En cuanto a la prostitución, urge reivindicar los derechos laborales de estas personas: “No queremos ni deseamos ser salvadas. Dennos derechos, hagan que las mujeres que trabajan para terceros, puedan estar en el régimen general de la seguridad social como asalariadas y déjense de pamplinas moralistas. En un momento en que los recortes de derechos laborales están a la orden del día, las trabajadoras sexuales quieren tener los mismos que el resto de ciudadanos de este país”, explica Paula Vip.

Otro punto clave se encuentra en la derogación de las leyes (como la Ley de Seguridad Ciudadana) y las ordenanzas municipales que conciben a las trabajadoras sexuales como criminales y una amenaza para el orden público. Asimismo, es primordial recordar que pese a que la prostitución no es violencia machista, las trabajadoras sexuales sufren o pueden sufrir agresiones por el hecho de ser mujeres. En estas situaciones, es necesario que existan medidas de protección y no se produzcan casos de discriminación. Reseña Hetaira que hace unos años, los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid se negaban a atender a mujeres que ejercían la prostitución y que querían denunciar a su pareja o ex pareja porque a este se le consideraba su 'proxeneta'. Un hecho lamentable que pone en evidencia el estigma hacia la trabajadora sexual y que devuelve la atención al actual Pacto Feminista: ¿todo por las putas, pero sin las putas?