Entre los catálogos de oferta de habitacional de Valladolid, destaca un chollo: 90 metros cuadrados, tres habitaciones, dos baños, con mucha luz natural, en el centro, cerca de transporte público y escuelas, recién reformado. Y, todo esto, por 33.000 euros. Un ofertón… si no fuera porque el piso está okupado y las condiciones de la oferta son, por una parte, que el comprador no puede ver la vivienda, solo fotos, y la segunda, que eche a los okupas con sus propios métodos.
No es el único piso así. De hecho, todos los pisos del bloque están okupados, lo cual no es un impedimento para que la inmobiliaria, que quiere deshacerse de ellos, los venda. Independientemente de que la medida de esta empresa sea ética o no, es legal: “lo que sería ilegal es vender una vivienda y no decir que está okupada. Tú no dejas de vender algo que existe ni estás engañando”, explica a El Español el comercial a cargo de los pisos. No es la primera vez que se encuentra con este caso: “llevo 30 años en el negocio, y cuando se vendían los pisos en la zona centro, se vendían con inquilinos. Luego, al comprador le interesaba negociar”.
Ocupado, ocupado, ocupado… son varios los edificios con esta descripción en el catálogo inmobiliario de Valladolid. “Mientras se avise, se puede vender. Pero para solucionar el ‘problema’ hay diferentes opciones”, explica la inmobiliaria. Por ejemplo, proponen a los compradores del primer piso que paguen a los okupas para irse: lo describen como un win-win-win, gana el comprador, el vendedor y el okupa, y se ahorran tribunales, “la vía más lenta”, asegura la inmobiliaria.
Según El Confidencial, un juicio para desokupar puede ir desde la vía rápida y echarlos en cuestión de semanas hasta alargarse a más de cuatro años. Es lo que le pasó a una familia que su piso fue okupado en 2016 y luego, tras un desalojo policial express, volvieron a entrar y, a día de hoy, todavía no han podido entrar al piso. “Con el coronavirus, además, se paralizó el proceso. Nos dijeron que echarlos supondría un desamparo y una puesta en peligro por el posible contagio que se pudiera producir”, explican Sofía y Fernando, herederos del piso tras el fallecimiento de su tío, Manuel, durante la pandemia.
Esta práctica de vender edificios okupados no solo sucede en Valladolid, sino que es común en toda España según El Mundo, la provincia más afectada es Barcelona. Le siguen Tarragona, Girona y Sevilla. Pero, además, en los años de después de la crisis, los casos de okupas han ido en aumento, junto a las según El Mundo. Según las cifras del ministerio, un 58% más de okupación en los últimos cinco años.
Como explica el artículo, estas cifras son consecuencia directa de la precariedad: edificios vacíos, propiedad de bancos, y familias sin recursos y sin posibilidades de pagar unos alquileres cada vez más altos. Así que, según las proyecciones, la cifra seguirá en aumento con la crisis económica que se avecina tras la pandemia. Por supuesto, no todos los casos son de familias en situación de exclusión okupando edificios sin uso. Lo único que hay en común entre todos los casos es que son siempre muy complejos y que para entenderlos y resolverlos se deben tener en cuenta muchísimos factores, desde la precariedad, la ideología y la delincuencia de la zona, a la interpretación judicial de la ley y las estrategias de los compradores.
