El Ayuntamiento de París ha anunciado este mes su unánime posición en contra de los circos que todavía incluyen animales salvajes en los espectáculos. La alcaldesa de la ciudad, Anne Hidalgo, apuntaba que a pesar de esta gran victoria simbólica, el consistorio no tiene competencias para prohibirlos y, por ello, ha instado al presidente francés Emmanuel Macron a que se posicione y formalice el decreto que la haga entrar en vigor.
El debate sobre la explotación animal, en concreto en los espectáculos, se ha reabierto en la capital francesa después de que un tigre de 200kg se escapara del Circo Bormann Moreno y merodease por las calles de París –sin causar ningún herido– hasta que su propio dueño lo abatiera a tiros. Una decisión que enfureció a un tigre de 200kg se escaparay a distintos partidos políticos. "Se maltrata a los animales salvajes en los circos, se los explota con fines de entretenimiento y los parisinos ya no quieren que esto suceda", declaraba Jacques Boutault, regidor del Partido Verde en el Distrito 2, para el medio un tigre de 200kg se escapara
La decisión del Ayuntamiento parisino se suma a la de 43 ciudades francesas más que también se han posicionado en contra de recibir espectáculos que incluyan animales salvajes, como las pirámides de elefantes o los felinos saltando a través de aros de fuego. A pesar del posicionamiento unánime de los partidos en este sentido, las asociaciones animalistas consideran que se necesitan más medidas para terminar con el maltrato y la explotación animal en Francia. "¿No más animales salvajes en los circos de París? Eso es solo una declaración de intenciones y esperamos que el gobierno sea fiel a sus palabras", declaraba la Fundación Brigitte Bardot.
Este tipo de espectáculos todavía no están prohibidos en España, aunque los gobiernos de muchas comunidades autónomas sí han aprobado leyes que los condenan y los vetan. En 2015, Cataluña fue la primera comunidad autónoma en prohibir los circos con animales, después de que 100 municipios de la región se negaran a acoger la instalación de este tipo de compañías en su territorio. Actualmente, ya son más de 270 municipios y varias comunidades, como Murcia o Islas Baleares, las que los prohíben.