Es así, por fin el Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del Reglamento de Extranjería que hace que la obtención de permisos de trabajo y residencia sean una realidad para menores y para jóvenes extranjeros. Se trata de una medida que ha sido impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y que beneficiará a más de 15.000 menores y jóvenes extutelados. Los cambios más importantes y más sustanciales son, sobre todo, los plazos: los plazos para tramitar la primera residencia será de un máximo de tres meses, cuando antes eran nueve. Además las renovaciones de anteriores residencias tanto para menores como para mayores de edad tendrá una validez de dos años prorrogables, cuando antes tenían que hacerse una vez al año.
Las complicaciones que tenían eran tales que hacían imposible que estos jóvenes accediesen a autorizaciones de residencia y trabajo. Encima, la anterior normativa española como explicó el secretario de Estado de Migraciones Jesús Perea, “era una anomalía en la Unión Europea”, ya que el resto de países no tienen este tipo de trabas y obstáculos. Un ejemplo de ellos son los requisitos que se solicitaban para la residencia y el trabajo. Antes de este cambio un joven extutelado debía renovar su autorización de residencia acreditando que obtenía más de 2.000 euros de ingresos propios mensuales que, por cierto, no podían provenir de ninguna ayuda social. Ahora los medios económicos necesarios no superan los 500 euros y sí pueden complementarse con ayudas.
Otro de los problemas que se encontraban estos jóvenes era la lentitud con la que se trataban sus solicitudes. El cambio confía y apoya la agilidad: los procedimientos serán telemáticos y se elimina la exigencia de un acta notarial ante el consulado para la identificación del menor. Este tipo de trámite hacían que se bloquearan miles de solicitudes que, al final, acababan en nada. Se trata de una serie de cambios que hacen posible que estos jóvenes tenga una oportunidad de futuro y que, además, no se vean en riesgo de exclusión social. En definitiva, un acceso real al trabajo en unas condiciones homologables a las de cualquier otra persona de esa misma edad.
Esta nueva norma permitirá que jóvenes de 16 y 17 años puedan trabajar y la realidad es que un acceso al trabajo y a la posibilidad de vivir en España de forma legal es una de las mejores maneras de inclusión y de acabar con una situación que ha impedido a muchas personas migrantes, que ya llevan años instaladas en nuestro país de manera irregular, iniciar un nuevo proyecto de vida. Esperemos que esta iniciativa sea uno de los principales pasos que se hagan para acercarnos al sistema de protección y formación de menores extranjeros que tienen otros países como Alemania que, por ejemplo, garantiza las prestaciones económicas hasta los 21 y los 27 años.