El cultivo de cannabis y su incautación no ha dejado de aumentar en la España post crisis. Es un negocio redondo y de escaso riesgo que están aprovechando desde jóvenes a familias que no llegan a mantenerse con su salario o propietarios de empresas que quebraron durante los peores años de la economía española. Entre 2013 y 2018 las incautaciones han aumentado un 600% y el perfil de los cultivadores, según un informe brutal de la Guardia Civil, es cada vez más diverso.
Cada año, unas 20.000 personas son detenidas por tráfico de drogas, el 70% de ellos por cannabis y, además, las organizaciones criminales están aprovechando la desesperación de las familias para ofrecerles tratos redondos: tú cultivas, yo comercializo. Al no ser grandes plantaciones, las penas no suelen implicar cárcel. "Llegan y se lo montan todo plantas, cableado eléctrico, luces..., les dejan el manual de instrucciones donde detallan lo que tienen que hacer para cuidar las plantas, paso a paso, como si fuera para tontos, y luego vienen a por la cosecha de entre cinco y 20 kilos, con tres o cuatro producciones al año, les pagan lo acordado unos 5.000 euros por cosecha, y funcionan casi como una gran cooperativa de pequeños productores, recolectan y mandan la mercancía para Europa”, explica el diario El País.
En ningún momento habla de cuántas familias han sido detenidas por cultivar marihuana para una red mayor, pero la Operación Mocy, que se desarrolló entre Granada, Málaga, Cádiz y Valencia la semana pasada se saldó con 76 detenidos en 69 registros. “De los portales de las calles de la popular barriada de Las Flores Pinos Puente, Granada salían esposadas vecinas en bata y zapatillas de estar en casa o jóvenes con cara de sueño en vaqueros y calzado deportivo”, detalla El País. Para encontrar estas plantaciones, entre otros, la policía analiza el consumo de electricidad de las casas. Las lámparas tienen que estar encendidas día y noche y a menudo roban la electricidad del cableado eléctrico.
“El negocio ilegal de la marihuana es fácil: poca inversión entre 10.000 y 30.000 euros por montar una plantación indoor [interior], en función del tamaño, mucho beneficio el kilo se está vendiendo a 4.000 euros en Reino Unido, por ejemplo, y escaso riesgo, porque las penas van de uno a tres años y si no tienes antecedentes difícilmente entras en prisión”, añade el informe policial.
"El problema no es solo de salud pública, sino de la violencia que genera", añade el artículo, porque la policía advierte de que para proteger los botines de cannabis, algunos vecinos ya están armados, ni qué decir de los grupos criminales que controlan la actividad de las familias. Viendo cómo el consumo empieza a golpear familias humildes, deberíamos reflexionar sobre si la respuesta ante el aumento de la demanda no debería ser, precisamente, lo contrario: encontrar herramientas para facilitar una producción que huya de las mafias y el narcotráfico, que acaban perjudicando a familias que hacen de muñeco de paja de los verdaderos criminales.