La ley que convierte a Islandia en el país más feminista del mundo

Esta no es la primera ocasión en la que Islandia demuestra que algunas utopías pueden dejar de ser ensoñaciones idílicas y pueden convertirse en realidad. El país nórdico, con 330.000 habitantes, se revela puntualmente como un ejemplo para el mundo al proponer modelos de actuación que derriban las desigualdades y las injusticias. El gobierno islandés es el primero del mundo en exigir de forma categórica a sus empresas que demuestren, con cifras y documentos concretos, que los salarios que pagan a las mujeres son exactamente los mismos que asignan a los hombres por las mismas tareas.

Un golpe certero a la brecha salarial que, si todo continúa según lo previsto, desaparecerá completamente de la isla en 2022. Y, sobre todo, la demostración de que si se pone intención es posible acabar con esa forma de discriminación. El caso es que los gobernantes anunciaron en marzo de este año –con motivo del Día Internacional de la Mujer– una ley que obligaba a todas las empresas con más de 25 empleados a obtener un certificado que demuestre la igualdad salarial. Una medida ya aplicada en otros países como Suiza, pero que, en este caso, suma el requisito de 'obligatorio' para permitir que las compañías continúen funcionando.

La ley responde, además, a un clamor popular que se hizo patente el 17 de octubre de 2016. A pesar de que el Foro Económico Mundial  ha apuntado durante ocho años consecutivos a Islandia como el mejor país del mundo en materia de igualdad de género, las islandesas siguen percibiendo, de media, entre un 14% y un 18% menos que sus colegas por desempeñar las mismas labores. Por eso, miles de mujeres de todo el país abandonaron sus puestos de trabajo en una jornada reivindicativa a las 14:38 horas, momento a partir del cual dejan de ser 'remuneradas' en comparación con los hombres.

Thorsteinn Viglundsson, ministro de Igualdad y Asuntos Sociales del país, se mostraba entonces contundente: "Es el momento de hacer algo radical", explicaba, y continuaba diciendo que "hay que garantizar la igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo", y que es su responsabilidad tomar las medidas necesarias para lograrlo. "Es una carga para las empresas tener que cumplir con una ley como esta", reconoció el ministro, pero también afirmó que "hay que atreverse a dar nuevos pasos, ser atrevidos en la lucha contra la injusticia". Porque si se quiere, se puede. O, al menos, se intenta.