Hay Cada Vez Más Gente Vigilando Cada Uno De Tus Movimientos En Internet

Si, por una de aquellas cosas que tiene la vida, estás ahora en Francia, puede haber gente en cualquier rincón de ese país que mire cuándo - exactamente- y desde qué dispositivo electrónico has entrado a leer este artículo. Pero no son hackers que quieren robarte todo tu dinero, sino los servicios secretos y otros órganos estatales.

Y es que los gobiernos europeos cada vez están dando más pasos para poder meterse en nuestra intimidad con total impunidad y fisgonear a gusto. Es lo que acaba de hacer el Reino Unido, aprobando la Investigatory Powers Act, una ley que,en menos de un mes, dará rienda suelta a la vigilancia masiva del gobierno hacia sus ciudadanos. Francia ya aprobó una similar en abril del 2015, tres meses después del ataque yihadista a la revista satírica Charlie Hebdo, la llamada Ley de Inteligencia.

Edward Snowden - el ya mundialmente famoso ex agente de la CIA que desveló varios documentos de estado estadounidenses, incluyendo algunos sobre vigilancia masiva - calificaba la aprobación de la ley inglesa como la legalización de "la más extrema vigilancia en la historia de la democracia occidental. Va más allá que muchas autocracias".  Teniendo en cuenta su historia, se podría afirmar que habla con conocimiento de causa.

Básicamente, lo que hacen estas leyes es permitir que algunos organismos entren en nuestra vida privada sin que se necesite un permiso judicial, bajo el amparo del gobierno del país, con el pretexto de posibles ataques terroristas y otras amenazas de este tipo. Y ojo,"dada la extraterritorialidad de Internet, no es difícil que la Investigatory Powers Act pueda afectar a usuarios españoles, principalmente si tienen algún tipo de conexión con británicos", apunta el abogado penalista Joan Josep Monner. Pero es que, además, en España también hay legislación al respecto, aunque ni mucho menos tan invasiva.

El ojo que vigila a los británicos

La Investigatory Powers Act ya tiene un apodo, la llaman la "Snooper's Charter" (El Estatuto de los Fisgones")Un reciente comunicado del gobierno británico la resumía así: "asegurará que las fuerzas policiales y las agencias de seguridad y de inteligencia tienen los poderes que necesitan en la era digital para evitar ataques terroristas". El terrorismo suele ser el estandarte que esgrimen los gobiernos para justificar este tipo de leyes que entran en conflicto con nuestros derechos humanos, en concreto con el derecho a la privacidad, recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Fue el 29 de noviembre cuando el proyecto de ley obtuvo la llamada sanción real, el último paso que se necesita en el Reino Unido para que algo se convierta en ley, después de haber sido aprobado también por la Cámara de los Comunes (la Cámara Baja) y la Cámara de los Lores (la Cámara Alta). Aunque no entrará en vigor hasta finales de este mes, ya está recibiendo miles de críticas debido a lo que implica la ley en sí y porque el proyecto de ley se había estado consolidando y debatiendo mientras los medios y la población tenían su atención centrada en el Brexit -la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea-. La petición para que revoquen esta ley ya cuenta con más de 150.000 firmas.

Pero si todo continua como está previsto, a partir de finales de diciembre las fuerzas policiales y los servicios de inteligencia ya podrán interferir en los equipos electrónicos -ordenadores y móviles principalmente- de los ciudadanos británicos. Incluso podrán hacerlo de manera remota, a través de diferentes softwares que pueden rastrear hasta cada letra que pulsamos en el teclado.

Entre otras cosas, también se podrán, durante un período de 12 meses, almacenar datos de las páginas que los usuarios visitan en Internet. Quién ha accedido a ellas, cuándo y desde qué dispositivo. Además, las redes sociales, las operadoras, los motores de búsqueda en Internet y las empresas que tienen relación con ello estarán obligados a comunicar las actividades de individuos sospechosos de terrorismo si los servicios secretos lo requieren y a ayudarles a descifrar textos encriptados.

Pero no solo la policía y los agentes secretos podrán acceder a esta información privada, también otros cuerpos estatales británicos -48 en total-, como el Departamento de Sanidad, el Departamento de Trabajo y Pensiones o la Agencia de Normas Alimentarias, por ejemplo.

Eso sí, no todo se medirá con la misma vara. En los casos de algunas profesiones más sensibles por la información que manejan, como los médicos o los periodistas, habrá algunas condiciones más estrictas y barreras a la intromisión arbitraria.

¿Y en España?

Estas leyes no están surgiendo de la nada. De hecho, beben de la Directiva 2006/24/CE europea sobre conservación de datos, que se aprobó en 2006, después de los atentados del 11-M en Madrid y del 7-J en Londres -en 2004 y 2005 respectivamente-. Ésta obligaba a los proveedores de telecomunicaciones a conservar, durante un periodo de entre seis meses y dos años, información de la actividad de sus clientes: números de teléfono de las llamadas, direcciones IP, localización, destinatarios de correos electrónicos y otros detalles. El objetivo era identificar las comunicaciones de los usuarios y también su duración. Medidas que coinciden con la Investigatory Powers Act y la Ley de Inteligencia francesa.

Pero no sólo eso, también tiene similitudes con contenido de la Ley 25/2007... española, por la que se exige algo muy similar a lo que establece la directiva europea, pero sin ampliar la vigilancia a tantos aspectos como las leyes británica y francesa. Y aquí empiezan las contradicciones.

En 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró la Directiva de conservación de datos ilegal. Según explicaba este tribunal europeo en un comunicado de prensa, el motivo de la anulación de la directiva era que "constituye una injerencia de gran magnitud y especial gravedad en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de datos de carácter personal".

¿Qué pasó después de esto? Concretamente un mes después, en España la Ley 25/2007 no se anuló, sino que se modificó, pero para reforzarla todavía más, añadiendo, entre otras cosas, que no conservar los datos según exigen las autoridades constituye un delito de desobediencia. Según detalla el penalista Monner, la ley establece "registros temporales de datos de comunicaciones, pero no de su contenido: números de teléfono, lugar y momento de las llamadas, IPs, lugares y momentos de bajadas de datos o de correos electrónicos, pero no de las conversaciones. De hecho pueden servir también a los usuarios para reclamar por una factura excesiva, por ejemplo".

Aun así, es cierto que en España, pese a la existencia de esta ley, la situación todavía no es como la de Francia o el Reino Unido. "Los datos personales y la intimidad están protegidos por la Ley de Protección de Datos. La única manera de 'espiar' el uso de Internet es con una autorización judicial con previos indicios de delito, nunca como actividad preventiva", explica Monner.

Un año más tarde se aprobó la controvertida Ley de Inteligencia francesa y ahora su hermana británica, ambas con contenido que el TJUE estimó ilegal cuando pertenecía a la directiva europea que ya no existe.

Todo eso nos lleva a poner en una balanza lo que ganamos en seguridad con estas leyes y lo que perdemos en privacidad. Monner no duda, "perdemos más que ganamos. Perdemos libertad, incluso más que privacidad o intimidad. Nos vemos sometidos a que cualquier tontería que digamos o hagamos pueda ser sometida a difusión, con lo que perdemos espontaneidad y nos autocensuramos. Es como lo que sucede en las dictaduras, que no te atreves a decir según qué, incluso en tu casa, por miedo a la delación". ¿Nos convierte esa vigilancia masiva a todos en sospechosos?