Tener que dar a luz al hijo de tu violador y la realidad cruda del aborto en América Latina

Imagina que te violan (un desconocido, tu padrastro o un amigo de la familia). Ya, sabemos que esto no es agradable. Pero házlo. O que violan a tu hermana de diez años. Si la situación no es ya suficientemente traumática, añade que está(s) embarazada y que si decide(s) abortar, solo lo puede(s) hacer de forma clandestina, con unas condiciones higiénicas y sanitarias bastante deficientes... Las opciones son dos: aborto ilegal (con el correspondiente riesgo para la salud, incluido la muerte o pena de cárcel) o maternidad forzosa.

Cambiemos de situación. Imagina que el embarazo no es fruto de una violación, pero a las pocas semanas los médicos descubren que el feto tiene una enfermedad incurable y no es compatible con la vida. Pese al diagnóstico, los médicos, amparados en sus ideales religiosos, hacen objeción de conciencia y no te permiten abortar. ¿Cómo crees que se sentiría una mujer ante una sanidad que la obliga a ser una incubadora o a alumbrar a un bebé que va a nacer muerto? ¿Y si decide auto-medicarse para provocarse un aborto y después es inmediatamente detenida porque sus propios médicos han violado la confidencialidad profesional-paciente y la han denunciado?

Estas dos violentas situaciones son, entre otras, la realidad de muchas mujeres en América Latina. Obviamente, esta lucha no solo se libra en los países de Latinoamérica sino en gran parte del mundo, pero llama la atención que pese a incluir cada vez más políticas de corte progresista, se mantenga el aborto como un derecho por el que luchar y reivindicar. Regular la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y sus condiciones tiene como objetivo garantizar y asegurar los derechos humanos en materia de salud sexual y reproductiva. No se trata de un capricho sino, como apunta la Organización Mundial de la Salud (OMS), de respetar los derechos fundamentales y de preservar la salud física, mental y social de las mujeres.

En Latinoamérica coexisten cuatro realidades muy diferentes en cuanto al aborto:

Con garantías legales

Uruguay, Cuba, Puerto Rico, Guyana o México-DF legislan a favor del derecho a la IVE. Han abandonado la creencia de que la vida comienza desde la fecundación. No obstante, solo las mujeres de Uruguay y México Distrito Federal pueden abortar con una ley de plazos (es decir, no tienen que justificar su decisión ante un juez). Las leyes de plazos estiman una semana límite para que la mujer lleve a cabo la IVE (por ejemplo, en España, existe una ley de plazos que permite a la gestante abortar por libre voluntad hasta la semana 14, aunque en el caso de ser menor se necesita autorización de los padres o tutores).

Restringido

Se permite en determinados supuestos (violación, peligro para la madre o/y malformaciones en el feto). Aquí encontramos a países como Paraguay, Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia, Argentina, México (a excepción de México-DF), Brasil o Bolivia. Sin embargo, los supuestos admitidos varían según el país. Por ejemplo, los cuatro primeros admiten el aborto cuando la vida de la gestante está en riesgo mientras que Bolivia amplia la IVE en el caso de incesto, violación, rapto no seguido de matrimonio o cuando hay riesgo para la madre, pero obliga a que se presente una autorización judicial y, de no conseguirla y practicarse el aborto, se sanciona con cárcel. Además, hay regiones donde todavía persisten dificultades para el cumplimiento de la ley y muchos médicos imponen su propia moralidad a la paciente.

Prohibición total

El Salvador, República Dominicana, Chile (aunque prohibido desde 1989, está en trámites de cambiar su legislación), Nicaragua, Haití, Surinam y Honduras lo prohíben bajo cualquier concepto. Si alguna mujer de estos países aborta, es tratada como una delincuente.

Pobreza y aborto espontáneo

Muchas mujeres en situación de pobreza o exclusión social no pueden acceder a la atención prenatal. Esto conlleva a que sufran abortos espontáneos y posteriormente se enfrentan a acusaciones de infanticidio (delito que puede alcanzar hasta 40 años de prisión).

Ante la persecución,  la vulneración de los derechos humanos y los riesgos que los abortos clandestinos e ilegales suponen para la salud de las mujeres (70.000 muertes al año según la OMS) se hace cada vez más urgente promover la despenalización del aborto. Los conceptos religiosos (de nula justificación científica) y machistas (como culpabilizar a una mujer después de una violación y obligarla a seguir con un posible embarazo) no deberían continuar dominando los cuerpos de las mujeres. La maternidad debe ser una experiencia deseada, segura, libre y no forzada.