Mientras en Europa hay personas a las que se le llena la boca hablando del cambio climático o lucen orgullosos su bolsa repleta de productos orgánicos a precio de oro, en muchos otros países en desarrollo o del tercer mundo hay personas que sacrifican sus vidas por salvar bosques milenarios y comunidades indígenas. Según los informes de la cambio climático, cada 48 horas muere un activista en algún rincón del mundo asesinado a manos de los traficantes de animales, madereros o grupos criminales que hacen las veces de sicarios para grandes compañías multinacionales. Y la cosa no parece ir mejorando, sino todo lo contrario.
En los primeros siete meses de 2017 más activistas que nunca han muerto defendiendo sus valores en todo el mundo, un total de 98 personas. Si todo continuase a este ritmo la cifra podría superar todos los registros y eclipsar el trágico balance del 2016 en el que se registraron 200 asesinatos de activistas. “Existe una verdadera epidemia de asesinatos. Tenemos la impresión de que cualquier persona puede matar a un defensor del medio ambiente sin ningún tipo de represalia o simplemente eliminar a cualquier persona que se interponga en sus intereses”, denunció ante el diario medio ambiente el relator especial de la ONU para los Derechos Humanos y el medio Ambiente, John Knox.
Sin dudarlo, el relator apuntó a las grandes compañías de la minería, la agroindustria, la tala ilegal y la construcción de hidroeléctricas como responsables directas o indirectas de la mayor parte de los conflictos. De hecho, basta con echar un ojo al mapa elaborado por Global Witness para entender la magnitud del problema. En Brasil, el país que alberga la mayor parte de la cuenca del Amazonas, los conflictos por tierras en Mato Grosso do Sul entre indígenas guaraníes y granjeros unidos a la construcción de grandes hidroeléctricas en Pará han dejado la inquietante cifra de 33 muertes en lo que va de año, es decir, un tercio del total de los asesinatos en todo el mundo. Una tendencia que se repite en los últimos años.
La macabra lista se completa con los 22 asesinatos en Colombia, 14 en Filipinas, 8 en México y la India, así como cifras menores en la República Democrática del Congo y Honduras. En cuanto a los sectores que concentran el mayor número de asesinatos, la minería 33 muertos, la tala ilegal 23 y el agronegocio 23 se llevan la palma junto a la caza furtiva 18 y las construcciones hidroeléctricas 7. Sin embargo, el caso más doloroso que se recuerda fue el asesinato en 2016 de la activista indígena hondureña, Berta Cáceres, asesinada a disparos por sicarios tras realizar una campaña contra un proyecto hidroeléctrico en Agua Zarca que le valió el premio Goldman en 2015.
El responsable de campaña de Global Witness, Billy Kyte, no dudó a la hora de señalar el verdadero motivo para la alarmante escalada de asesinatos y que se han llevado por delante a personas tan valiosas como Cáceres, caso paradigmático de su campaña: “Estos conflictos se deben a la globalización. El capitalismo es violento y hay multinacionales globalizadas en busca de los países pobres para apoderarse de sus tierras y sus recursos. Las empresas y los gobiernos están ahora trabajando juntos para asesinar a la gente”.
Mientras tanto y a la espera de que los gobiernos de estos países reaccionen con contundencia ante este verdadero genocidio de activistas, desde Global Witness no se han cansado de entrevistar a supervivientes, familiares de víctimas y activistas amenazados para denunciar una realidad de la que muchas personas del mal llamado primer mundo continúan ajenas. Al final, son ellos los consumidores de la mayoría de los productos que cuestan vidas al otro lado del mundo y, si la mayoría exigiese más control para el origen de lo que consumen en su día a día, es posible que el cambio real llegue a producirse y el número de muertes comience a descender en picado. Ojalá.